Las lluvias inclementes y las inundaciones que golpean amplias zonas del departamento de Córdoba encendieron las alarmas institucionales en el país. Frente al aumento del riesgo sanitario y ambiental, la Procuraduría General de la Nación (PGN) activó una alerta preventiva y exigió una respuesta inmediata y coordinada del sistema de salud para proteger a miles de personas expuestas a condiciones críticas.
El llamado del Ministerio Público se produce en un contexto de afectaciones crecientes sobre comunidades urbanas y rurales, donde el acceso oportuno a servicios médicos, medicamentos y atención de urgencias se convierte en un factor determinante para evitar consecuencias mayores en la salud pública.
Exigencia directa al sistema de salud para actuar sin demoras
Ante este escenario, la Procuraduría requirió a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Empresas Sociales del Estado (ESE), autoridades territoriales y a la Superintendencia Nacional de Salud la adopción inmediata de planes de acción orientados a la atención integral de la emergencia.
Las medidas exigidas buscan mitigar los riesgos sanitarios derivados de las inundaciones, garantizar la continuidad de los servicios médicos y asegurar que el derecho a la salud no se vea afectado por barreras administrativas, logísticas o de cobertura en las zonas impactadas.
Prioridad absoluta para población en mayor riesgo
Desde la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, el mensaje fue contundente: las EPS con afiliados en Córdoba deben priorizar la atención de los sectores más vulnerables. Niños, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas fueron identificados como población de atención preferente en medio de la contingencia.
Entre las acciones exigidas se encuentran la atención inmediata en servicios de urgencias, la activación efectiva de rutas asistenciales, el suministro permanente de medicamentos e insumos médicos y la eliminación de cualquier obstáculo que limite el acceso oportuno a la atención en salud.
Vigilancia epidemiológica y respuesta territorial articulada
La Procuraduría también instó a las secretarías de salud departamental y municipales a reforzar el trabajo articulado con las autoridades locales y los distintos actores del sector. El organismo de control solicitó la implementación de vigilancia epidemiológica permanente asociada a la emergencia, el despliegue de brigadas de vacunación y la coordinación efectiva de la red pública y privada de salud.
Estas acciones buscan anticiparse a posibles brotes, contener riesgos sanitarios derivados de la acumulación de aguas y garantizar que los servicios médicos continúen operando de manera sostenida en los territorios afectados.
Control, seguimiento y presión institucional para garantizar el derecho a la salud
En el cierre de su pronunciamiento, la PGN exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a intensificar las labores de inspección, control y vigilancia sobre las EPS y los demás actores del sistema que operan en Córdoba. El organismo solicitó acciones preventivas, seguimiento riguroso a eventuales fallas y una respuesta firme en caso de que persistan deficiencias en la atención.
El objetivo es claro: salvaguardar la salud, la integridad y la dignidad de los usuarios en medio de una emergencia que pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario y la responsabilidad institucional frente a la ciudadanía.
Lluvias e inundaciones elevan el riesgo sanitario en
zonas urbanas y rurales de Córdoba
