En los caminos rurales, en las montañas y en los bordes urbanos, donde el Estado no siempre llega primero, miles de comunidades en Colombia han sostenido durante décadas un bien esencial: el acceso al agua. Esa realidad, construida con trabajo colectivo, organización barrial y cuidado del territorio, acaba de recibir un respaldo decisivo desde el Congreso de la República.
Tras ser aprobado en cuarto y último debate, el proyecto de ley de los Acueductos Comunitarios obtuvo respaldo unánime y abre un nuevo escenario para la gestión comunitaria del agua en el país. La norma establece un marco jurídico especial que fortalece, protege y reconoce a los gestores comunitarios como actores legítimos en la administración del agua y el saneamiento básico, respetando sus formas propias de organización, decisión y gobierno local.
La aprobación no es un hecho aislado. Es el resultado de un proceso largo, persistente y profundamente territorial, impulsado desde las comunidades que han defendido el agua como un bien común y un derecho fundamental.
Ocho años de construcción colectiva
El proyecto fue elaborado a lo largo de ocho años de trabajo continuo, mediante un ejercicio colectivo liderado por comunidades organizadas para la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico. En ese camino participaron activamente la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol), con el acompañamiento técnico e institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Maritza Quevedo Fique, destacó que la aprobación refleja un proceso sostenido de diálogo social e institucional. “Celebramos que la gestión comunitaria del agua haya sido reconocida mediante un proyecto de ley aprobado por unanimidad, como una expresión del derecho al agua y del agua entendida como bien común”, señaló.
Sus palabras recogen el sentido de una iniciativa que no surge desde el escritorio, sino desde la experiencia cotidiana de comunidades que han administrado el agua con criterios solidarios, ambientales y sociales.
Menos trámites, más reconocimiento
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto —que ahora pasa a sanción presidencial— es la reducción significativa de los costos y barreras administrativas que enfrentan los gestores comunitarios para obtener su certificado de existencia y representación legal. La ley habilita, además, que este trámite pueda realizarse a través de las alcaldías municipales, acercando el Estado a los territorios y aliviando cargas que durante años limitaron el funcionamiento formal de muchas organizaciones comunitarias.
Esta medida busca fortalecer a los acueductos comunitarios sin desdibujar su esencia social, facilitando su relación con las entidades públicas y mejorando sus condiciones de sostenibilidad.
Tarifas comunitarias y gestión con enfoque social
El nuevo marco normativo también define un régimen especial de aportes, establece la tarifa comunitaria y fija criterios diferenciados para la gestión financiera de los acueductos comunitarios. Estos lineamientos reconocen que no se trata de empresas con fines de lucro, sino de organizaciones sociales que prestan un servicio esencial desde el territorio, con reglas propias y una profunda conexión con las comunidades que abastecen.
A ello se suma la incorporación del monitoreo comunitario del agua, una herramienta que permite a los gestores participar activamente en la vigilancia de la calidad del recurso hídrico y en la identificación temprana de posibles afectaciones en las fuentes de abastecimiento. La medida fortalece la protección ambiental desde la base social y refuerza el papel de las comunidades como guardianas del agua.
Lo que sigue: reglamentación y acompañamiento
Desde el Gobierno Nacional se reiteró que, una vez surtido el trámite de sanción presidencial, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mantendrá un acompañamiento permanente a los gestores comunitarios durante los procesos de conciliación y reglamentación de la ley. El objetivo es garantizar que su implementación sea efectiva, coherente con las realidades territoriales y útil para quienes sostienen día a día el acceso al agua en miles de veredas y barrios del país.
Con esta ley, la gestión comunitaria del agua deja de ser solo una práctica social reconocida de hecho y pasa a contar con un respaldo jurídico que le da estabilidad, visibilidad y proyección. Para muchas comunidades, no se trata únicamente de una norma, sino del reconocimiento de una forma de cuidar la vida desde el territorio.
Las comunidades podrán participar activamente en el
monitoreo de la calidad del agua de sus fuentes hídricas.
