La acción rápida y efectiva de la Contraloría de Cundinamarca se convirtió en un ejemplo de cómo el control fiscal, cuando se aplica con rigor y oportunidad, no solo identifica irregularidades, sino que también logra transformar problemas en soluciones concretas para las comunidades.
Gracias a una alerta temprana y a una exhaustiva verificación técnica, la sede educativa de la vereda La Chorrera fue entregada en perfectas condiciones a sus estudiantes, pasando de ser un caso de posible detrimento patrimonial a una obra finalizada y segura, lista para fortalecer la educación rural del municipio.
De las fallas detectadas a la obra concluida
El caso se inició el 3 de febrero de 2025, cuando un equipo técnico de la Contraloría visitó la institución, construida bajo el Contrato de Obra No. 184-2022 con la firma RG Ingeniería y Servicios S.A.S. Durante la inspección, se detectaron faltantes de obra por $3.898.295,84 y deficiencias en la calidad de la placa base de concreto, calculadas en $7.066.698,31. El detrimento patrimonial estimado ascendía a $10.964.994,15.
Ante esta situación, el 13 de marzo se abrió un proceso de responsabilidad fiscal, que incluyó la orden de una verificación técnica mediante Auto de Pruebas del 19 de junio. La inspección final, realizada en julio, confirmó que las obras pendientes habían sido ejecutadas y que las deficiencias fueron corregidas.
Cierre del proceso y beneficio para la comunidad
En aplicación de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 610 de 2000, la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal declaró la cesación de la acción fiscal y ordenó el archivo del proceso.
El resultado: una infraestructura educativa rural segura, adecuada y lista para recibir a niñas y niños de Fómeque, demostrando que la vigilancia fiscal, cuando se ejerce con compromiso, puede convertirse en un motor de cambio positivo para las comunidades más apartadas.
La inspección inicial detectó fallas graves en la
construcción, pero la intervención
oportuna cambió el rumbo.
