Una investigación minuciosa de la Fiscalía General de la Nación permitió desmantelar una compleja red de fraude informático que logró sustraer más de 2.700 millones de pesos de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Nocaima, en Cundinamarca.
El caso, que dejó al descubierto la forma en que los ciberdelincuentes atacan el sistema financiero del Estado, culminó con la condena de 12 personas que aceptaron su responsabilidad y fueron sentenciadas a 40 meses de prisión por el delito de hurto por medios informáticos agravado.
Un ataque silencioso contra los recursos del pueblo
El 17 de mayo de 2022, una transacción irregular alertó a las autoridades. Desde las cuentas oficiales del municipio fueron transferidos 2.775 millones de pesos hacia terceros. Lo que parecía una simple anomalía contable se transformó en una investigación penal que reveló la participación coordinada de varios individuos que suplantaron los sistemas de seguridad de una entidad financiera para inscribir cuentas falsas y desviar fondos públicos.
El fiscal de la Unidad para la Protección de la Información y los Datos de la Seccional Cundinamarca demostró cómo los acusados aprovecharon vulnerabilidades tecnológicas para ejecutar el robo digital, alterando los protocolos de autenticación del banco y facilitando múltiples transferencias ilegales en cuestión de minutos.
Los rostros detrás del fraude
La investigación determinó que Karen Díaz Sánchez y Luis Antonio Figueroa Tarazona fueron quienes planearon la maniobra. Ambos reclutaron personas dispuestas a prestar sus cuentas bancarias para recibir los recursos desviados.
Los demás implicados —Natalia Herrera García, Rolando Gutiérrez Quintero, Kenyi Karina Luengas Santana, Vishnu Patrik Sieler Torres, Gilberto Alexander Becerra Ramírez, Franklin Alexander Restrepo Pinilla, Yenifer Johana Cárdenas Villa, Nelson Jairo Moreno Díaz, Leandra Marcela Duque Dorado y Pedro Gómez Mena— actuaron como receptores del dinero, permitiendo que las transferencias se dispersaran rápidamente por el sistema financiero.
El mismo día de los hechos, los implicados retiraron los montos en efectivo en oficinas y cajeros de distintas ciudades: Piedecuesta y Bucaramanga (Santander); Cali (Valle del Cauca); Medellín (Antioquia); Neiva (Huila) y Bogotá. La operación fue rápida, coordinada y diseñada para borrar rastros en pocas horas.
El dinero volvió a las arcas municipales
Pese a la sofisticación del fraude, la reacción oportuna de la Fiscalía permitió rastrear los movimientos financieros y vincular a los responsables. Tras aceptar su culpabilidad mediante un preacuerdo judicial, los condenados reintegraron la totalidad del dinero sustraído, lo que fue certificado por las autoridades competentes.
La decisión judicial ya quedó en firme y sienta un referente en la lucha contra el fraude informático, que sigue siendo una de las principales amenazas para las finanzas públicas municipales.
Los fondos fueron desviados y retirados en seis ciudades
del país el mismo día del robo.
