CHÍA. Por los caminos que ascienden desde Fagua, Bojacá y Tíquiza hasta las colinas que bordean el río Frío, el malestar se palpa en el ambiente.
Desde que la anterior Administración Municipal de Chía —encabezada por el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano— expidió el Decreto 369 de 2023, muchos habitantes aseguran que aquel documento cambió más que las vías: alteró la tranquilidad de los propietarios rurales, que hoy temen perder parte de sus tierras.
¿Qué dice el Decreto 369 de 2023?
El decreto, firmado en los últimos días del mandato de Segura Rubiano, apenas cuatro días antes de entregar la Alcaldía a su sucesor Leonardo Donoso Ruiz, modifica los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 32 de 2015.
Según la Administración Municipal de entonces, su propósito era “ajustar la clasificación vial, establecer reservas para futuras ampliaciones y actualizar los perfiles viales del municipio”.
En términos sencillos, ‘buscaba ordenar la red vial de Chía, diferenciando las troncales, arteriales, colectoras y locales, y dejando espacio para los proyectos de movilidad que se prevén a futuro’.
La otra cara del decreto: temor y desconfianza
Sin embargo, para centenares de campesinos, residentes rurales y miembros del Resguardo Indígena, el decreto tiene un significado muy distinto: restricciones sobre sus predios, pérdida de valor comercial y temor a que los corredores rurales se transformen en avenidas urbanas sin consulta previa.
“No nos avisaron nada. De un día para otro, nuestras fincas aparecieron con trazados por vías que nadie conocía”, relata una habitante de Fagua mientras sostiene una copia del decreto.
Las reservas viales y la inconformidad ciudadana
La inconformidad aumentó cuando se conoció que el documento incluía reservas viales, franjas de terreno que deben mantenerse libres para futuras ampliaciones de vías.
En la práctica, esto impide construir o vender libremente esos espacios. Para muchos, se trata de una forma de “expropiación silenciosa”.
Durante las primeras semanas de 2024, habitantes del sector occidental de Chía salieron a las calles para exigir la derogatoria del Decreto 369 de 2023, en una movilización que se suma a las protestas que vienen realizándose desde hace más de un año y medio.
Entre las pancartas se leían mensajes como “despojo”, “falta de participación” y “defensa del territorio”, reflejo del malestar que persiste en las comunidades rurales y del resguardo indígena frente a la norma.
En redes sociales, la polémica creció con videos, transmisiones en vivo y denuncias que señalaban inconsistencias en los mapas anexos del decreto, donde algunos trazados aparecían sobre humedales, quebradas o predios agrícolas en producción.
La respuesta de la Alcaldía y el debate en el Concejo
Desde la Alcaldía, al parecer, la respuesta ha sido tibia. En sesiones de control político ante el Concejo Municipal, la Secretaría de Planeación explicó que el decreto “no modifica el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, y que su finalidad es organizar la información vial existente, recopilando estudios y trazados que ya estaban previstos.
“No se están creando nuevas vías ni imponiendo proyectos; solo se consolidó la red vial con base en documentos previos”, aseguró la Administración Municipal en una respuesta oficial.
Pese a ello, la percepción ciudadana sigue siendo de alta desconfianza. Algunos concejales han solicitado una revisión técnica y jurídica del decreto, e incluso su suspensión temporal, mientras se aclaran los alcances reales de las reservas viales.
En paralelo, la Administración actual incluyó en su Agenda Regulatoria 2025 la intención de modificar o sustituir el Decreto 369, esta vez con participación comunitaria y mesas de concertación. Sin embargo, más allá de la intención, el propósito aún no se ha materializado.
Un debate que define el futuro del territorio
En medio de la controversia, el municipio de la Luna enfrenta un debate que va mucho más allá de la movilidad: define qué modelo de territorio quiere para su futuro.
“¿Una Chía conectada por amplias avenidas y troncales intermunicipales, o una Chía que preserve su vocación rural, sus humedales y sus paisajes agrícolas?”.
¿Un territorio en disputa?
Mientras se define el destino del decreto, la polémica no se apaga en Chía. Unos lo defienden como el camino hacia el progreso vial; otros lo sienten como un trazo impuesto sobre su tierra, sin consulta ni permiso.
Campesinos y miembros del Resguardo Indígena advierten que estas medidas ponen en riesgo el medio ambiente y su forma de vida, en una zona donde aún se respira vocación rural.
Temen que el avance de las grandes infraestructuras y la sombra de la contaminación borren para siempre la esencia verde y tranquila de este sector de Chía y de toda la Sabana Centro.
El debate refleja un dilema mayor: ¿progreso vial o defensa del territorio rural?.
