Han pasado más de nueve meses desde que Natalia Andrea Santodomingo, una mujer trans de Cajicá (Cundinamarca), fue hallada muerta en su vivienda con signos de tortura. Su familia asegura que la Fiscalía General de la Nación no ha mostrado avances significativos en la investigación y exige que el caso sea reasignado a un despacho especializado en crímenes de odio y feminicidios agravados.
La madre de la víctima, expresó públicamente el dolor que atraviesa la familia y la necesidad de respuestas claras: “Mi hija era una joven trabajadora, responsable y apoyo fundamental para todos nosotros. No podemos permitir que este crimen quede impune”.
La hermana de Natalia también manifestó su inconformidad, señalando que la falta de información ha profundizado el sufrimiento familiar y que solo un compromiso real por parte de las autoridades permitirá avanzar hacia la justicia.
¿Por qué la familia considera que fue un feminicidio agravado?
Los familiares sostienen que los resultados de la necropsia y las pruebas recogidas en la investigación evidencian circunstancias que encajan en la tipificación de Feminicidio Agravado. Por ello, piden que el caso sea priorizado bajo este enfoque y que la Fiscalía lo reasigne a un despacho con experiencia en el abordaje de crímenes contra personas LGBTIQ+.
Además, recuerdan que existe una recompensa vigente para quienes aporten información que conduzca a la captura de los responsables, quienes aún permanecen en libertad.
¿Qué solicitan las organizaciones y la comunidad LGBTIQ+?
Colectivos como Caribe Afirmativo y la Mesa Comunitaria LGBTIQ+ de Cajicá han repudiado públicamente el crimen y exigido a la Fiscalía General de la Nación que aplique la Directiva 006, que establece lineamientos para investigar hechos de violencia motivados por la identidad de género.
“Es indispensable que se investigue con enfoque de género y derechos humanos. El asesinato de Natalia no puede quedar en la impunidad ni convertirse en una cifra más de la violencia contra personas trans en el país”, indicaron.
Que el caso sea reasignado a un despacho especializado
en crímenes de odio y feminicidios agravados.
