Alerta electoral: Fiscalía advierte riesgos de compra de votos y trashumancia en varios municipios de Cundinamarca

La Fiscalía identificó posibles conductas que podrían afectar la participación democrática en municipios de la Sabana de Bogotá, entre ellas compra y venta de votos, traslado irregular de votantes y amenazas a candidatos.

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A pocos días de las elecciones legislativas de 2026, la Fiscalía General de la Nación alertó sobre posibles riesgos que podrían afectar la transparencia del proceso electoral en varios municipios de Cundinamarca. El análisis hace parte de un mapa de riesgo construido por la Dirección Seccional de Fiscalías del departamento.

Según explicó el director seccional, Hugo Andrés Infante Gómez, el estudio se elaboró a partir de una focalización territorial y de análisis criminal sobre conductas relacionadas con delitos contra la participación democrática.

¿Qué municipios aparecen en el mapa de riesgo electoral en Cundinamarca?

De acuerdo con la Fiscalía, el análisis identifica principalmente a Soacha y a varios municipios de la Sabana de Bogotá como zonas donde podrían presentarse conductas que afecten el proceso electoral.

En la Sabana Norte, el mapa menciona a Chía, Zipaquirá y Tocancipá, mientras que en la Sabana Occidente aparecen Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza. La identificación de estas zonas responde a patrones detectados en investigaciones, reportes y antecedentes relacionados con procesos electorales.

Las autoridades aclararon que el mapa no significa que los delitos ya estén ocurriendo, sino que son territorios donde existen condiciones que obligan a reforzar la vigilancia institucional.

¿Qué conductas preocupan a la Fiscalía en estas elecciones?

El director seccional explicó que el análisis se centra más en conductas que podrían derivar en delitos electorales que en investigaciones específicas en curso.

Entre las situaciones que generan mayor preocupación se encuentran:

  • Compra o venta de votos, práctica que busca influir en la decisión de los electores mediante pagos o beneficios.
  • Trashumancia electoral, que consiste en trasladar votantes de un municipio a otro para alterar el resultado de la votación.
  • Amenazas o presiones a candidatos o votantes, que pueden afectar la libertad del sufragio.
  • Financiación irregular de campañas, especialmente con recursos públicos o dinero proveniente de organizaciones delincuenciales.
  • Estas conductas, según la Fiscalía, afectan directamente los mecanismos de participación democrática y la transparencia del proceso electoral.
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¿Por qué la Fiscalía elaboró un mapa de riesgos electorales?

La construcción de este mapa responde a un trabajo de análisis criminal y focalización territorial que busca anticipar posibles irregularidades durante la jornada electoral.

El objetivo es identificar zonas donde se requiera mayor seguimiento por parte de las autoridades y fortalecer las acciones de prevención, investigación y judicialización en caso de que se presenten delitos contra la participación democrática.

La Fiscalía señaló que este tipo de herramientas permite orientar el trabajo institucional antes y durante las elecciones, especialmente en municipios con antecedentes o alertas sobre posibles irregularidades.

¿Qué busca prevenir la Fiscalía con esta alerta?

Con la divulgación del mapa de riesgo, las autoridades buscan advertir sobre conductas que podrían afectar la legitimidad de las elecciones y promover una mayor vigilancia institucional.

Además, el llamado también apunta a que ciudadanos, campañas y organizaciones políticas denuncien cualquier intento de manipular el voto o interferir en el proceso electoral.

La Fiscalía reiteró que los delitos relacionados con la participación democrática pueden derivar en investigaciones penales y sanciones para quienes intenten alterar el resultado de las votaciones.

¿Dónde denunciar delitos electorales?

La ciudadanía también puede acudir a los canales comunes de denuncia de la Fiscalía:

  • Línea nacional gratuita (01 8000 9197 48)
  • Línea 122, también gratuita y nacional.

El análisis hace parte de un mapa de riesgo construido
por la Dirección Seccional de Fiscalías del departamento.