La política de Boyacá acaba de recibir un fuerte remezón. En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, tras comprobar que se inscribió y posesionó en el cargo estando inhabilitado legalmente.
El contrato que desató la sanción
De acuerdo con la investigación, el mandatario suscribió en diciembre de 2022 un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). En calidad de magíster en Economía, tenía como misión dictar capacitaciones, apoyar la revisión de documentos académicos y asesorar la redacción de artículos científicos en inglés y alemán para estudiantes del grupo de investigación SOECOM, adscrito al centro CENES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
El convenio, por un valor de $8.129.040, se ejecutó entre el 6 y el 30 de diciembre de 2022.
La inhabilidad que marcó su destino político
La Procuraduría verificó que, pese a este antecedente contractual, Krasnov inscribió su candidatura a la Alcaldía de Tunja el 29 de octubre de 2023, es decir, menos de un año después de haber sido contratista del Estado, lo que según la legislación colombiana lo inhabilitaba expresamente para aspirar a un cargo de elección popular.
El organismo de control calificó la conducta como falta gravísima a título de dolo, al considerar que el mandatario era consciente de la prohibición y, aun así, decidió postularse.
Impacto político en Boyacá
El fallo, que todavía admite recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, ya ha causado un fuerte impacto en el escenario político de la capital boyacense y del departamento.
El fallo admite recurso de apelación,
pero ya sacude el panorama político en Boyacá.
