El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al municipio de Chía a reconocer y pagar las diferencias salariales que dejó de percibir un grupo de ocho empleados públicos desde el 1.º de enero de 2023, luego de establecer que la administración municipal no aplicó en su totalidad el incremento acordado con varias organizaciones sindicales durante la negociación colectiva de 2022.
La decisión, adoptada el 21 de septiembre de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A, revocó una sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, que inicialmente había negado las pretensiones de los trabajadores. Tras examinar el acuerdo sindical, las decisiones administrativas y las pruebas incorporadas al expediente, el Tribunal concluyó que el aumento mínimo pactado era obligatorio para las partes y que las dificultades presupuestales invocadas posteriormente por el municipio no justificaban su incumplimiento.
El fallo establece que el incremento salarial correspondiente a 2023 debía ser del 17,62 %, mientras que la Alcaldía de Chía había autorizado únicamente el 15,5 %, lo que produjo una diferencia de 2,12 puntos porcentuales sobre el reajuste acordado. Esa diferencia deberá reconocerse a los ocho demandantes, junto con sus efectos sobre las prestaciones sociales, demás acreencias laborales y aportes a seguridad social.
El acuerdo salarial que dio origen a la demanda contra la Alcaldía de Chía
El conflicto se originó en las negociaciones adelantadas durante 2022 entre la Administración Municipal de Chía y varias organizaciones sindicales que representaban a empleados públicos.
El 26 de julio de ese año, las partes suscribieron un acuerdo colectivo en el que se establecieron distintas condiciones laborales para el período 2022-2023. Entre ellas figuraba una disposición relacionada con la política salarial del municipio.
Según el artículo 10 del acuerdo, para la vigencia 2023 los salarios tendrían un incremento equivalente al porcentaje decretado por el Gobierno Nacional, más tres puntos porcentuales como mínimo. También se contempló la posibilidad de aumentar ese porcentaje hasta seis puntos adicionales, siempre que existiera consenso en la mesa de seguimiento.
El documento fue presentado para su depósito ante el Ministerio del Trabajo el 3 de agosto de 2022 y adoptado formalmente por la Alcaldía mediante la Resolución 3239 del 4 de agosto del mismo año.
Sin embargo, cuando llegó el momento de aplicar el reajuste, surgieron diferencias entre lo acordado y lo efectivamente reconocido.
Para 2023, el Gobierno Nacional estableció un incremento salarial del 14,62 %, según lo recogido en el Decreto 896 de ese año. En consecuencia, al adicionar los tres puntos pactados con los sindicatos, el reajuste mínimo aplicable en Chía debía alcanzar el 17,62 %.
Pese a ello, mediante el Decreto Municipal 030 del 17 de febrero de 2023, la administración fijó un aumento del 15,5 % para los empleados del nivel central, con efectos retroactivos al primero de enero.
Aunque el porcentaje aprobado superaba el reajuste nacional tomado como referencia, resultaba inferior al mínimo establecido en el acuerdo colectivo municipal.
Esta diferencia dio lugar a reclamaciones administrativas y, posteriormente, a una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por ocho servidores públicos.
La Alcaldía argumentó dificultades presupuestales para cumplir el reajuste
Durante el proceso judicial, el municipio sostuvo que aplicar el incremento solicitado tendría consecuencias importantes para sus finanzas y podría comprometer su sostenibilidad fiscal.
El expediente recoge una certificación expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal el 14 de febrero de 2023, según la cual existía apropiación presupuestal suficiente para cubrir un aumento salarial de hasta el 15,5 % durante esa vigencia.
Asimismo, las actas de seguimiento del acuerdo sindical muestran que la diferencia salarial continuó siendo objeto de discusión durante los meses posteriores.
En una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2023, la administración manifestó que no podía reconocer retroactivamente el porcentaje faltante, debido al impacto que esa obligación tendría sobre las finanzas de la siguiente administración.
Posteriormente, durante una reunión de seguimiento del 12 de diciembre de 2023, el entonces alcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, explicó que las condiciones económicas habían resultado distintas de las previstas cuando se adelantó la negociación.
De acuerdo con el acta citada en la sentencia, el comportamiento de la inflación durante 2022 superó las proyecciones utilizadas inicialmente por el municipio para preparar su presupuesto.
Estas circunstancias fueron expuestas como parte de las razones por las cuales no se había aplicado completamente el reajuste.
No obstante, el Tribunal estableció una diferencia fundamental: las posibilidades fiscales y presupuestales debían evaluarse durante la negociación salarial, antes de formalizar los compromisos.
En este caso, la administración había negociado el incremento, suscrito el acuerdo y expedido el acto administrativo mediante el cual lo adoptó. Las dificultades presupuestales fueron alegadas con posterioridad.
Por esa razón, los magistrados consideraron que la objeción económica presentada por el municipio era extemporánea y no podía utilizarse para desconocer un compromiso previamente formalizado.
Tribunal concluyó que el aumento mínimo del 17,62 % no necesitaba una nueva negociación
Uno de los principales puntos de discusión judicial consistió en determinar si el incremento de tres puntos adicionales dependía de un nuevo consenso entre la administración y las organizaciones sindicales.
En diciembre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá había negado las pretensiones de los demandantes, entre otras razones, porque consideró que el reajuste estaba sujeto a un acuerdo posterior en la mesa de seguimiento.
Los empleados apelaron esa decisión al sostener que la obligación mínima ya estaba establecida desde 2022 y que únicamente los puntos adicionales, por encima de ese mínimo, requerían una nueva concertación.
Al estudiar el recurso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió esta interpretación.
Para los magistrados, el artículo 10 contemplaba dos situaciones distintas: una obligación concreta de incrementar los salarios en tres puntos por encima del porcentaje nacional y una posibilidad de negociar un aumento superior, hasta completar seis puntos adicionales.
La primera obligación no estaba condicionada a nuevas conversaciones. La segunda sí requería consenso.
En consecuencia, la Sala concluyó que la administración debía aplicar el incremento mínimo cuando comenzara la vigencia de 2023, sin necesidad de esperar otro acuerdo sindical.
El Tribunal también consideró que los compromisos asumidos durante una negociación colectiva, adoptados posteriormente mediante un acto administrativo, producen efectos obligatorios para las partes.
De esta manera, determinó que los trabajadores demandantes tenían derecho al reajuste del 17,62 % y que las decisiones administrativas presuntas que negaron sus reclamaciones debían ser anuladas.
La sentencia también resolvió cómo podían reclamar los trabajadores
Otro aspecto examinado por el Tribunal fue la forma en que los ocho empleados acudieron a la justicia.
En primera instancia se había considerado que los demandantes debieron solicitar la nulidad del Decreto 030 de 2023, mediante el cual se estableció el incremento del 15,5 %.
Sin embargo, la Sala de segunda instancia concluyó que no era indispensable demandar ese decreto para reclamar el reconocimiento de las diferencias salariales.
Según la providencia, los trabajadores habían presentado solicitudes individuales ante la Alcaldía durante junio y julio de 2024 para obtener el pago del incremento pactado.
La administración no resolvió de fondo esas reclamaciones, aunque comunicó que su Comité de Conciliación había decidido no conciliar las pretensiones.
Para el Tribunal, esa ausencia de respuesta de fondo configuró actos administrativos presuntos negativos, derivados del silencio de la administración, que podían ser sometidos a control judicial.
En consecuencia, declaró su nulidad.
La sentencia también precisó que los oficios mediante los cuales el municipio comunicó su decisión de no conciliar no eran actos administrativos definitivos susceptibles de anulación judicial, por lo que se abstuvo de resolver de fondo las pretensiones dirigidas contra esas comunicaciones.
Esta distinción permitió resolver la controversia salarial sin necesidad de anular el decreto general que había establecido el reajuste inicial.
Alcaldía de Chía deberá pagar diferencias salariales, prestaciones y ajustes por inflación
La parte resolutiva de la sentencia establece que el municipio deberá reconocer a los ocho demandantes el incremento salarial del 17,62 % correspondiente a 2023, con efectos desde el primero de enero de ese año.
La condena comprende las diferencias entre las asignaciones básicas mensuales efectivamente pagadas y aquellas que debieron reconocerse conforme al acuerdo colectivo.
También incluye los reajustes correspondientes sobre las prestaciones sociales y demás acreencias laborales derivadas del incremento, así como los ajustes de los aportes al sistema de seguridad social.
La providencia dispone, además, que la condena se extienda a los reajustes anuales de ley, de manera que la corrección de la base salarial de 2023 se tenga en cuenta en las liquidaciones posteriores que correspondan.
Los valores adeudados deberán actualizarse conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, siguiendo las condiciones establecidas en el fallo.
El Tribunal precisó que, al cumplir la sentencia, el municipio deberá verificar que las asignaciones reconocidas no superen los límites salariales máximos establecidos por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de las entidades territoriales.
La providencia no establece una cifra global de condena ni determina cuánto recibirá individualmente cada trabajador. Esos valores deberán calcularse a partir de las diferencias salariales, las prestaciones correspondientes y los ajustes ordenados.
Por otra parte, los magistrados descartaron que hubiera operado la prescripción de los incrementos reclamados, debido a que las solicitudes administrativas fueron presentadas en 2024, antes de que transcurrieran tres años desde el inicio de la obligación.
La justicia negó una sanción adicional solicitada por los empleados
Aunque el Tribunal reconoció el derecho al reajuste salarial, no accedió a todas las pretensiones formuladas en la demanda.
Los trabajadores también habían solicitado el reconocimiento de una sanción relacionada con las diferencias en la consignación de cesantías, con fundamento en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
La Sala negó esa petición al considerar que la sanción moratoria prevista en dicha disposición no procede cuando la controversia corresponde al pago tardío de una diferencia en la liquidación de cesantías ocasionada por un reajuste salarial.
Para sustentar esa conclusión, acudió a jurisprudencia del Consejo de Estado que distingue entre la falta de consignación oportuna de las cesantías y las diferencias económicas que surgen posteriormente por correcciones salariales.
Por lo tanto, el municipio deberá efectuar los reajustes que correspondan, pero no fue condenado a pagar la sanción adicional solicitada por ese concepto.
El Tribunal tampoco impuso condena en costas en segunda instancia.
Ocho funcionarios de Chía son los beneficiarios directos de la decisión
La sentencia identifica como beneficiarios de la condena a Víctor Hugo Rubio Cajas, Lady Carolina Castillo García, Sandra Esther Gómez González, Luz Marina Castro López, Nelson Camelo Cubides, Nubia Teresa Torres Sánchez, Sefira Esther Vicente Torres y William Rafael Tejeda Barros.
Todos participaron como demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25899-33-33-003-2024-00177-02.
Es importante precisar que, aunque la controversia surgió de un acuerdo suscrito con organizaciones sindicales de empleados públicos, la condena judicial se dictó expresamente en favor de los ocho demandantes. La sentencia no ordena de manera general el pago automático de esas diferencias a todos los funcionarios de la Alcaldía.
La providencia, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves, fue suscrita también por los magistrados Julián Enrique Pinilla Malagón y Carlos Leonel Buitrago Chávez.
Con esta decisión, el Tribunal revocó la negativa judicial de primera instancia y ordenó al municipio cumplir las obligaciones económicas reconocidas en favor de los trabajadores.
El fallo dispone que su cumplimiento se adelante conforme a los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Aunque la sentencia fue expedida el 21 de septiembre de 2026, el documento examinado no permite establecer si actualmente se encuentra ejecutoriada, si se han realizado pagos o si existe alguna actuación posterior relacionada con su cumplimiento.
El caso deja establecida una determinación judicial concreta sobre el alcance de los acuerdos salariales suscritos por las administraciones territoriales: cuando una entidad pública negocia, formaliza y adopta un compromiso laboral conforme a las disposiciones aplicables, no puede desconocerlo posteriormente con fundamento en dificultades presupuestales que no fueron planteadas durante la negociación, de acuerdo con las circunstancias examinadas en esta sentencia.
La Alcaldía aplicó un incremento salarial del 15,5 %,
pese a que el acuerdo colectivo establecía un reajuste mínimo
del 17,62 % para 2023.
