La Administración Municipal, del alcalde Fabián Rojas, requirió a empresas de energía y telecomunicaciones por cables en desuso, redes sin identificar, rollos acumulados y postes sobrecargados. El plazo de 15 días establecido por el municipio es para que los operadores informen qué medidas adoptarán, quiénes serán los responsables y cuándo ejecutarían las intervenciones.
Detrás de la maraña de cables que cruza postes, calles y fachadas de Zipaquirá hay un problema mucho más complejo que el impacto visual. En esas estructuras pueden coexistir redes eléctricas, fibra óptica, televisión, internet, telefonía y elementos de distintos operadores; algunos continúan prestando servicio, otros pueden ser reservas técnicamente autorizadas y otros, simplemente, pudieron quedar instalados después de haber perdido su función.
Determinar cuál es cuál, a quién pertenece cada elemento y quién debe retirarlo es precisamente una de las discusiones que acaba de abrir la Administración Municipal.
El alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas García, radicó un requerimiento dirigido a empresas de energía y telecomunicaciones, entre ellas Enel Colombia, Claro, Movistar, Tigo, ETB, DirecTV, Om Engineering SAS y Zuma Comunicaciones para que informen cómo atenderán situaciones relacionadas con cableado aéreo en desuso, redes sin identificación y otros elementos instalados sobre infraestructura del municipio.
La solicitud parte de situaciones que, según la Administración Municipal, han sido identificadas en distintos sectores: cables caídos o ubicados a baja altura, redes sin identificación visible, remanentes y rollos acumulados sobre postes, proximidad con redes eléctricas, estructuras con elevada concentración de elementos y afectaciones al espacio público.
Sin embargo, el problema que ahora busca enfrentar Zipaquirá tiene una particularidad: Colombia ya cuenta con regulación que obliga a identificar las redes instaladas sobre postes y establece procedimientos para retirar cables que estén en desuso, no estén marcados o hayan sido instalados sin autorización.
¿Qué significan realmente los 15 días?
Uno de los principales puntos que debe aclararse es el plazo establecido por la Administración Municipal.
Las empresas no tienen 15 días para retirar todo el cableado en desuso existente en Zipaquirá.
Ese periodo corresponde al tiempo otorgado para que respondan el requerimiento, expliquen qué medidas adoptarán, indiquen quién será responsable de ejecutarlas y señalen las fechas previstas para las intervenciones.
Por eso, el proceso apenas comienza.
Después de recibir las respuestas será posible establecer qué compañías reconocen redes instaladas en el municipio, qué elementos consideran activos y cuáles deberán ser retirados o reorganizados.
Los cables deben estar identificados
Aunque el problema puede parecer simplemente visual, Colombia ya cuenta con regulación específica sobre las redes instaladas en postes.
La Resolución CRC 7120 de 2023 establece que los cables y demás elementos utilizados para prestar servicios de telecomunicaciones deben estar identificados con el nombre del operador responsable.
En los cables tendidos sobre postes, esta identificación debe aparecer mediante placas colocadas, como máximo, cada 200 metros.
También deben identificarse determinados equipos y puntos especiales de la red.
Esta obligación permite saber qué empresa debe responder cuando se encuentra un cable deteriorado, abandonado o que necesite mantenimiento.
No todo cable visible está abandonado
La presencia de un rollo o una reserva de cable sobre un poste no significa necesariamente que se trate de infraestructura abandonada.
Algunos elementos pueden formar parte de redes activas o corresponder a reservas autorizadas para futuras reparaciones o ampliaciones.
Por eso, antes de retirar cualquier cable debe establecerse si todavía cumple una función.
La regulación considera en desuso aquellos elementos que dejaron de prestar el servicio para el cual fueron instalados.
¿Quién debe retirar un cable que ya no se utiliza?
Cuando se identifica qué operador es responsable de un cable en desuso, el propietario o administrador del poste puede solicitarle que lo marque correctamente o que lo retire.
La regulación establece un plazo de 30 días hábiles para atender esa solicitud.
Si el operador no actúa durante ese periodo, el responsable de la infraestructura puede proceder con el retiro y trasladarle posteriormente los costos de desmonte, almacenamiento y custodia.
¿Qué pasa cuando nadie sabe de quién es?
También existe un procedimiento para las redes cuya empresa responsable no puede determinarse inicialmente.
El propietario o administrador de la infraestructura debe consultar a los operadores que tengan redes desplegadas en la zona.
Estas compañías cuentan con 10 días hábiles para informar si el elemento pertenece a alguna de ellas.
Si ninguna empresa reconoce el cable, la regulación permite avanzar con su retiro.
En caso de que posteriormente aparezca el responsable, los costos generados pueden ser cobrados a esa compañía.
Las instalaciones sin autorización tienen otro tratamiento
Cuando se encuentran elementos instalados sin autorización, especialmente si representan un riesgo para trabajadores, usuarios o para la propia infraestructura, las reglas permiten actuar con mayor rapidez.
En determinadas situaciones, el operador identificado dispone de cinco días hábiles para retirar los elementos.
Si existe un riesgo inmediato, el proveedor de la infraestructura puede intervenir directamente.
Enel ya había advertido problemas con cables sin identificar
El problema que ahora enfrenta Zipaquirá no es nuevo en la región.
Durante una discusión regulatoria realizada en 2022, Enel Colombia informó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que había retirado 11.770 metros de cable en una primera intervención realizada en 24 municipios.
De esa cantidad, aproximadamente 3.298 metros no estaban identificados, cerca del 30 % del total.
La compañía también explicó que en ese momento solo lograba identificar al responsable de los elementos encontrados en alrededor del 60 % de los casos.
El documento público no especifica cuáles fueron los 24 municipios intervenidos, por lo que no es posible afirmar que Zipaquirá haya estado incluido en esa operación.
Sin embargo, el antecedente demuestra que la existencia de cableado sin identificación ya había sido reconocida por la propia empresa distribuidora.
Enel recibe información sobre las redes autorizadas
Los procedimientos técnicos de Enel muestran además que los operadores que pretenden utilizar su infraestructura deben entregar información detallada sobre sus proyectos.
Entre otros datos, deben informar la zona donde instalarán la red, el trazado previsto, los postes o estructuras que utilizarán y las redes existentes en el sector.
Cuando las obras terminan, también deben entregar planos que indiquen cómo quedó finalmente instalada la infraestructura.
Esta documentación permite llevar registros sobre las redes autorizadas.
Por eso, una de las principales preguntas que deja abierta el caso de Zipaquirá es cuántos postes del municipio están siendo utilizados actualmente por empresas de telecomunicaciones y cuántos cables instalados corresponden efectivamente a redes registradas y activas.
La cifra exacta de postes de Zipaquirá todavía no es pública
Tras revisar información de Enel, la CRC y Empresas Públicas de Zipaquirá (EPZ), no aparece publicado de manera abierta un inventario que permita saber exactamente cuántos postes existe en el municipio y cuántos soportan redes de telecomunicaciones.
Enel reportó en su información corporativa cientos de miles de postes dentro de toda su área de operación, pero ese dato no está desagregado públicamente para Zipaquirá.
Tampoco existe, hasta ahora, una relación pública que permita conocer cuántos puntos de apoyo utiliza cada operador dentro del municipio.
Ese dato será fundamental para entender la verdadera dimensión del problema.
Zipaquirá sí tiene un inventario amplio de alumbrado público
Empresas Públicas de Zipaquirá (EPZ) reportó 7.930 luminarias instaladas al cierre de 2023.
La entidad también ha informado que cuenta con herramientas digitales y georreferenciadas para hacer seguimiento a los puntos de iluminación.
Sin embargo, esa cifra no puede confundirse con el número de postes.
Una luminaria puede estar instalada sobre diferentes tipos de infraestructura y también existen postes que no tienen luminarias.
Por eso, todavía hace falta un inventario específico de la postería existente y de las redes que utiliza cada estructura.
La CRC recibe información sobre los acuerdos para usar postes
Los operadores de telecomunicaciones que utilizan infraestructura de terceros deben reportar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determinados acuerdos de compartición.
Estos reportes permiten identificar quién suministra la infraestructura, qué empresa la utiliza y qué tipo de elementos son instalados.
Sin embargo, la información pública no permite actualmente filtrar de manera sencilla todos los contratos correspondientes únicamente a Zipaquirá.
Ese será otro de los datos que deberán solicitarse directamente al regulador y a las compañías involucradas.
El Centro Histórico podría ser uno de los primeros sectores intervenidos
La Administración Municipal también plantea avanzar progresivamente hacia la subterranización de redes, principalmente en el Centro Histórico y su zona de influencia.
La medida busca reducir el impacto visual y ordenar la infraestructura existente en uno de los sectores más representativos del municipio.
No obstante, trasladar redes bajo tierra es mucho más complejo que retirar cables abandonados.
La subterranización requiere diseños, obras civiles, canalizaciones, recursos, coordinación entre empresas y medidas que garanticen la continuidad de los servicios.
Además, la normativa nacional establece que los municipios no pueden exigir indiscriminadamente que todas las redes sean enterradas cuando existan razones técnicas que lo impidan o cuando la medida pueda afectar la calidad del servicio.
Otros municipios de Cundinamarca ya han abordado el problema
Zipaquirá no es el único municipio del departamento que ha avanzado en discusiones relacionadas con redes aéreas y subterranización.
En Cajicá, por ejemplo, la Administración Municipal ha desarrollado proyectos relacionados con la subterranización de redes eléctricas y de telecomunicaciones, especialmente en sectores centrales.
Mosquera también ha tenido disposiciones sobre redes subterráneas y uso de infraestructura.
En Chía, el Decreto 224 de 2022 establece que las empresas de telecomunicaciones deben ordenar las reservas de cable en los postes, retirar redes e infraestructura en desuso, adecuar los empalmes, reparar o reponer postes en mal estado y garantizar las alturas y distancias de seguridad exigidas por el RETIE.
Además, la infraestructura y las antenas que lleven seis meses o más sin uso deben desmontarse dentro de los tres meses siguientes al requerimiento municipal. Si el responsable no lo hace, el municipio puede efectuar el retiro y cobrar los costos correspondientes.
En síntesis: Chía cuenta desde 2022 con una norma municipal que permite exigir a los operadores orden, mantenimiento y retiro de redes e infraestructura en desuso instaladas en los postes.
En la Capital de la República, que no hace parte de Cundinamarca, el Concejo de Bogotá aprobó, el 25 de septiembre de 2026, en segundo y último debate una disposición para retirar el cableado en desuso, avanzar progresivamente en el soterramiento de las redes activas y exigir que las nuevas instalaciones sean subterráneas, salvo excepciones debidamente justificadas. Para ese momento, la iniciativa aún requería la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán Pachón para entrar en vigencia.
La Alcaldía de Zipaquirá contempla acudir a una acción popular
La Administración Municipal también anunció que podría acudir a una acción popular si las empresas no responden, entregan contestaciones insuficientes o incumplen posteriormente los compromisos establecidos.
Una eventual acción buscaría proteger derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad, la prevención de riesgos y el desarrollo urbano.
Por ahora, no existe una decisión judicial contra los operadores ni puede afirmarse que alguna de las compañías haya incumplido el requerimiento.
El proceso se encuentra apenas en la etapa inicial.
Las respuestas de las empresas serán determinantes
El verdadero alcance de la medida se conocerá cuando Enel y los operadores de telecomunicaciones entreguen sus respuestas.
Esas comunicaciones deberían permitir establecer qué redes existen actualmente en Zipaquirá, cuáles siguen activas, cuáles están en desuso, qué compañía es responsable de cada una y qué sectores serán intervenidos primero.
También será necesario conocer cuántos postes del municipio soportan redes de telecomunicaciones, cuántos puntos presentan sobrecarga, cuántos elementos carecen de identificación y cuánto cable en desuso se ha retirado durante los últimos años.
Hasta ahora, esas cifras no están disponibles públicamente de forma completa.
La discusión, por lo tanto, va mucho más allá de ordenar varios cables.
“No queremos simplemente quitar unos cables y que en unos meses volvamos a tener el mismo problema. Queremos establecer una solución de largo plazo para ordenar las redes de Zipaquirá y avanzar hacia una ciudad más segura y organizada”, concluyó Rojas García.
Lo que está en juego es saber qué empresas utilizan la infraestructura urbana de Zipaquirá, qué control existe sobre esas redes y por qué algunos elementos que dejaron de prestar servicio continúan ocupando los postes y el espacio público.
Las respuestas permitirán definir qué redes siguen activas, cuáles están en desuso y qué sectores serán intervenidos primero.
