El Concejo Municipal de Chía aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo No. 27 de 2026, iniciativa que faculta por seis meses al alcalde para adelantar la constitución de una Sociedad de Economía Mixta (SEM) de orden municipal, vinculada a la Secretaría de Movilidad, con la que se plantea reorganizar la operación de varios servicios asociados al tránsito en el municipio.
La decisión fue adoptada en la sesión plenaria del 2 de octubre de 2026, luego de varias jornadas de discusión sobre la estructura financiera de la futura sociedad, el porcentaje de participación pública y privada, la duración proyectada, las facultades de su gerente, la reversión de activos, las cámaras de fotodetección y el eventual funcionamiento de zonas de estacionamiento regulado.
La votación nominal terminó con 12 votos positivos y tres negativos.
El proyecto representa un cambio frente al esquema con el que Chía ha gestionado durante cerca de 19 años varios servicios de tránsito mediante una concesión privada, actualmente operada por la empresa Circulemos y cuyo vencimiento está previsto para abril.
Municipio tendría el 49 % de la Sociedad de Economía Mixta
De acuerdo con lo expuesto durante el trámite del proyecto, la futura sociedad tendría una composición accionaria en la que Chía participaría con el 49 % y el socio privado con el 51 %.
La Administración Municipal sostuvo ante el Concejo que el modelo pretende aumentar la participación de Chía en los recursos generados por los servicios de tránsito.
Durante el debate se indicó que, bajo la concesión actual, la distribución económica es aproximadamente del 95 % para el operador privado y 5 % para el municipio. En el esquema planteado para trámites, patios y grúas, la participación sería del 49 % para el municipio y 51 % para el privado.
En materia de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios Tecnológicos para la detección de infracciones (SAST), conocidos comúnmente como cámaras de fotodetección, se proyectó que el 80 % de los recursos corresponda a la Administración Municipal.
La participación privada mayoritaria fue precisamente uno de los asuntos que generó cuestionamientos entre algunos concejales y sectores ciudadanos, debido a las implicaciones que podría tener sobre el control de la futura empresa.
Decisiones estratégicas necesitarían una mayoría del 80 %
Uno de los mecanismos incorporados durante el trámite busca impedir que el socio privado pueda adoptar unilateralmente determinadas decisiones por tener el 51 % de las acciones.
El acuerdo establece una mayoría cualificada del 80 % para decisiones estratégicas tanto en la Asamblea General de Accionistas como en la Junta Directiva.
De esta manera, aunque el privado tendría la mayoría accionaria, requeriría participación favorable de representantes del municipio para alcanzar ese porcentaje en asuntos sometidos a dicha regla.
Entre los temas señalados durante la discusión aparecen decisiones presupuestales y contractuales, modificaciones estatutarias, fusiones y la designación de la gerencia.
Este mecanismo fue presentado por quienes respaldaron el proyecto como una de las salvaguardas introducidas después de las controversias que acompañaron el Proyecto de Acuerdo No. 10 de 2026, antecedente de la iniciativa finalmente aprobada.
Equipos, cámaras, software y bases de datos deberán regresar al municipio
Otra modificación se concentró en determinar qué ocurrirá con los bienes y herramientas tecnológicas una vez termine la Sociedad de Economía Mixta (SEM).
A propuesta del concejal John Alexander Robayo Alarcón, se incorporó un parágrafo al artículo 13 para establecer una reversión a costo cero en favor del municipio.
Según lo aprobado, cuando finalice el término de la sociedad deberán revertir de pleno derecho a Chía, entre otros elementos, los programas de software misional, licencias a perpetuidad, bases de datos, servidores, equipos del centro de control, cámaras SAST y elementos relacionados con las zonas de estacionamiento regulado (SER) previstos dentro del modelo.
La disposición pretende evitar que, después de años de operación, el municipio tenga que adquirir nuevamente infraestructura desarrollada para prestar los servicios.
La Sociedad de Economía Mixta tendría una duración de 25 años
Uno de los puntos de mayor discusión fue el plazo de funcionamiento de la sociedad.
El texto aprobado conserva una duración de 25 años.
Desde sectores de oposición se propuso reducir ese periodo a diez años. La modificación no prosperó.
La defensa del plazo de 25 años se sustentó durante el debate en argumentos técnicos relacionados con las inversiones requeridas, su amortización y la sostenibilidad financiera proyectada para el modelo.
Quienes se opusieron cuestionaron, en cambio, que una decisión de esta naturaleza comprometa durante más de dos décadas el esquema mediante el cual Chía administrará servicios asociados al tránsito.
Socio privado deberá escogerse mediante licitación pública
El acuerdo establece que el privado que participe en la futura sociedad no quedará definido directamente con la aprobación del proyecto.
Su escogencia deberá realizarse mediante licitación pública, bajo los principios y disposiciones aplicables de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
Por tanto, la aprobación del Concejo constituye una autorización para avanzar en la creación y estructuración de la Sociedad de Economía Mixta (SEM), pero todavía deberá surtirse el procedimiento para seleccionar al inversionista privado.
También se modificaron las facultades contractuales previstas para quien ocupe la gerencia.
Inicialmente se contemplaba que pudiera contratar directamente hasta por 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Durante el trámite, ese límite fue reducido a 250 SMMLV.
Los contratos que superen esa cuantía necesitarán autorización previa de la Junta Directiva.
Estudios compararon el modelo mixto con una operación completamente pública
Una parte central de la discusión giró alrededor de una pregunta: ¿por qué crear una sociedad con participación privada y no asumir directamente los servicios desde el municipio?
La concejal Natalia Gil Loaiza presentó durante el debate cifras del estudio técnico utilizado para comparar ambos escenarios durante un horizonte de 25 años.
Según esas proyecciones, una gestión directa tendría ingresos estimados en alrededor de $1,3 billones, mientras que bajo la SEM la estimación ascendería a aproximadamente $2,1 billones.
En cuanto al beneficio neto proyectado para Chía en valor presente, el estudio presentado ante la Corporación calculó $19.808 millones bajo una gestión directa, frente a $38.767 millones mediante la SEM.
Se trata de proyecciones financieras, por lo que las cifras corresponden a los supuestos incluidos en el estudio y no a ingresos ya garantizados para el municipio.
El costo de personal también formó parte de la comparación.
Para una operación directa se estimó una planta cercana a 102 personas, con un costo mensual aproximado de $859 millones. Para la SEM se mencionó una proyección de $868 millones mensuales, aunque durante la exposición también apareció una cifra de $468 millones relacionada con la escala de contratación contemplada por la consultoría.
Secretaría de Movilidad conservará la autoridad de tránsito
Uno de los aspectos jurídicos aclarados durante el debate fue el alcance que tendrá la nueva sociedad.
El secretario de Movilidad de Chía, Juan Pablo Ramírez Otálvaro, sostuvo que la autoridad de tránsito, la potestad sancionatoria y el cobro coactivo no serán transferidos al privado ni a la Sociedad de Economía Mixta.
Estas competencias, por su naturaleza, permanecerán en cabeza de la Secretaría de Movilidad.
La sociedad se encargaría del componente operativo y tecnológico asociado a los servicios definidos dentro de su objeto.
Esta distinción resulta relevante frente a las inquietudes expresadas durante la discusión sobre el alcance que podría adquirir una empresa en la que el privado tendría el 51 % de participación.
Impuesto vehicular dejó $3.100 millones para Chía en 2025
Durante la discusión también se entregaron cifras relacionadas con el impuesto vehicular departamental.
Según la información presentada, por concepto de la dispersión correspondiente al municipio, equivalente al 20 %, Chía recibió aproximadamente $3.100 millones durante 2025.
En lo corrido de 2026, el recaudo reportado alcanzaba $2.912 millones.
Este ingreso es distinto de los recursos que se proyectan para la operación de la Sociedad de Economía Mixta.
Fotodetección concentró parte de las críticas
Las cámaras para detectar infracciones fueron uno de los asuntos que mayor discusión generaron durante las sesiones.
El concejal Luis Felipe Galvis Ramos defendió el uso de estos dispositivos y citó un estudio de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, de octubre de 2025, que relaciona su implementación con reducciones de entre el 18 % y el 33 % en siniestros viales con fatalidades.
Por su parte, el secretario de Movilidad explicó que Chía cuenta actualmente con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para ocho puntos de referencia.
La existencia de ocho puntos autorizados no significa necesariamente ocho cámaras individuales, debido a que un punto puede requerir varios dispositivos dependiendo de las características y el número de carriles de la vía.
De acuerdo con lo informado en la plenaria, actualmente funcionan dos puntos: Avenida Pradilla y Guaymaral.
La discusión sobre estos sistemas estuvo acompañada de cuestionamientos ciudadanos respecto de su finalidad, ubicación y posible incidencia sobre los ingresos proyectados para la nueva sociedad.
El acuerdo no crea automáticamente nuevas “zonas azules”
Otro punto que provocó inquietudes fue el relacionado con las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), conocidas habitualmente como “zonas azules”.
Durante el debate, representantes de la Administración Municipal y concejales que respaldaron la iniciativa señalaron que la aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 27 no significa que se autorice automáticamente el cobro por estacionar frente a viviendas ni que las zonas comiencen a operar con la entrada en vigencia del acuerdo.
El estudio de la consultoría incorpora una modelación de este servicio, pero su implementación requeriría un trámite adicional.
Para cobrar por el aprovechamiento del espacio público destinado al estacionamiento, el Concejo Municipal tendría que discutir y aprobar posteriormente la respectiva tasa.
Por tanto, la eventual puesta en funcionamiento de las ZER estará sujeta a decisiones posteriores y no se deriva automáticamente de la votación realizada el 2 de octubre.
Doce concejales respaldaron el proyecto y tres votaron en contra
La votación definitiva dejó 12 votos positivos y tres negativos.
Respaldaron el proyecto los concejales Luis Enrique Díaz Santiesteban, Luis Felipe Galvis Ramos, Laura Giselle García Melo, Natalia Gil Loaiza, Iván Darío Jiménez La Rotta, Angélica Montañez Sánchez, Javier Enrique Moreno Forero (Ponente del proyecto), Claudia Marcela Pedraza Camero, Eduardo Ramírez Barrios, John Alexander Robayo Alarcón, Jorge Hernán Salazar Gordillo y Edgar Francisco Salgado García.
Entre los argumentos favorables estuvo que la iniciativa sufrió modificaciones frente a su formulación inicial y que se incorporaron mecanismos destinados a proteger los intereses municipales.
Los concejales que apoyaron la propuesta defendieron además la posibilidad de aumentar la participación de Chía en los recursos generados por los servicios, modernizar la infraestructura tecnológica y fortalecer los mecanismos de recuperación de cartera.
En contra votaron Jesús Alberto Rueda Garzón, Víctor Fernando Torres Moreno y Javier Ernesto Valdivieso Fonseca.
Oposición defendió una operación pública y cuestionó el plazo
El concejal Jesús Alberto Rueda Garzón manifestó reparos sobre la gobernabilidad de la futura sociedad y la capacidad efectiva que conservará el municipio frente a un privado propietario del 51 %.
Rueda Garzón consideró que Chía debería evaluar como alternativa preferente asumir la operación de manera 100 % pública.
El concejal Víctor Fernando Torres Moreno por su parte, formuló cuestionamientos sobre la legalidad del trámite surtido desde la Comisión Primera y se opuso al periodo de 25 años establecido para la sociedad.
Torres Moreno presentó cinco propuestas de modificación durante el trámite. De acuerdo con lo discutido en plenaria, una de ellas fue acogida: la reducción del límite contractual de la gerencia de 500 a 250 SMMLV.
Las demás propuestas no obtuvieron respaldo suficiente o no fueron aceptadas por la Administración Municipal.
Protestas e interrupciones marcaron la sesión del 2 de octubre
La discusión también estuvo acompañada por momentos de tensión entre ciudadanos ubicados en las barras y miembros de la Corporación.
Torres Moreno cuestionó a la mesa directiva por no permitir nuevas intervenciones de más de 30 ciudadanos que, según indicó, solicitaron participar durante la sesión. El concejal sostuvo que esa decisión afectaba el ejercicio de la participación ciudadana.
El presidente del Concejo, Edgar Francisco Salgado García, y concejales como Luis Felipe Galvis y Natalia Gil respondieron que la comunidad había contado con espacios de intervención durante siete sesiones anteriores en las que se discutió la iniciativa.
Las interrupciones y arengas desde las barras, por parte de personas de diferentes sectores que estaban inconformes con el proyecto, llevaron a la presidencia a aplicar el artículo 30 del reglamento interno del Concejo y solicitar acompañamiento de la Policía Nacional para restablecer el orden necesario para continuar la sesión.
Posteriormente se declaró un receso y la plenaria retomó el trámite hasta realizar la votación nominal definitiva.
¿Qué sigue después de la aprobación del Proyecto de Acuerdo 27 de 2026?
La aprobación en segundo debate no significa que la nueva Sociedad de Economía Mixta ya se encuentre operando ni que exista un socio privado seleccionado.
El acuerdo faculta al alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, durante seis meses para avanzar en el proceso de constitución de la sociedad.
Entre las siguientes etapas se encuentra la estructuración de sus estatutos y el desarrollo del procedimiento de licitación pública para seleccionar al socio privado que tendría el 51 % de participación.
El proceso cobra especial relevancia ante el próximo vencimiento de la concesión mediante la cual se han operado durante cerca de 19 años varios servicios asociados al tránsito municipal.
A partir de ahora, además de la formalización jurídica de la SEM, serán determinantes las condiciones que queden establecidas en sus estatutos, los términos de la licitación, las obligaciones que asuma el inversionista privado, las inversiones comprometidas y los mecanismos mediante los cuales el municipio ejercerá su participación durante los 25 años previstos para la sociedad.
El modelo aprobado modifica de manera sustancial la forma en que Chía proyecta administrar varios componentes operativos y tecnológicos de su sistema de tránsito. Sin embargo, las competencias como autoridad, la imposición de sanciones y el cobro coactivo continuarán bajo responsabilidad de la Secretaría de Movilidad.
La Sociedad de Economía Mixta tendrá una duración prevista de 25 años, mientras que Chía participará con el
49 % y el socio privado con el 51 %.
