Más de $1.700 millones en potenciales ingresos ilegales habrían podido generar 8.520 unidades de licor adulterado incautadas durante un amplio operativo realizado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, donde las autoridades también encontraron más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad presuntamente falsificados.
La intervención se desarrolló mediante 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales y permitió retirar del circuito clandestino miles de bebidas que, de acuerdo con las autoridades, estaban destinadas a ser distribuidas y comercializadas en diferentes establecimientos.
Además del impacto económico sobre las estructuras vinculadas con este mercado ilegal, las entidades participantes advirtieron que la circulación de este tipo de bebidas representa un riesgo para la salud de los consumidores y genera millonarias pérdidas en el recaudo del impuesto al consumo de licores.
8.520 unidades de licor adulterado fueron retiradas del mercado
El procedimiento fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Gobernación de Cundinamarca.
En las diligencias también participaron la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar N.º 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Federación Nacional de Departamentos y empresas dedicadas a la protección de marcas.
Durante los allanamientos fueron incautadas 8.520 unidades de bebidas adulteradas, además de más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad falsificados, materiales que podrían haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a los productos antes de ponerlos en circulación.
El negocio ilegal podía superar los $1.700 millones
Las estimaciones conocidas después del operativo permiten dimensionar el valor que podía alcanzar la mercancía en diferentes etapas de comercialización.
En el mercado clandestino o de acopio, cada unidad podría ser ofrecida a intermediarios por valores entre $7.000 y $25.000, lo que llevaría la valoración preliminar del producto incautado a más de $639 millones.
Sin embargo, el valor aumentaría considerablemente al llegar a bares, discotecas u otros puntos de venta. Según las estimaciones presentadas, cada botella podría terminar siendo comercializada al consumidor final por precios de entre $80.000 y $200.000 o más.
Bajo ese escenario, los posibles ingresos derivados de la venta de las 8.520 unidades podrían superar los $1.700 millones.
La incautación representa, por tanto, no solamente el retiro de miles de botellas del mercado, sino también una afectación a los recursos que podrían obtener quienes intervienen en la distribución y comercialización de este tipo de productos.
“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, con proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, secretario de Hacienda de Cundinamarca.
Autoridades advierten sobre los riesgos para la salud
Uno de los principales componentes del operativo estuvo relacionado con la prevención de afectaciones a la salud pública.
El retiro de las 8.520 unidades impidió, según las autoridades, que miles de bebidas adulteradas continuaran su proceso de distribución y pudieran llegar a consumidores en Bogotá, Cundinamarca y otras zonas del país.
“Retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses”, indicó Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del INVIMA.
El consumo de bebidas adulteradas puede implicar graves riesgos cuando su elaboración incorpora sustancias no autorizadas, materias primas de procedencia desconocida o procesos que no cumplen las condiciones sanitarias exigidas.
Por esta razón, las autoridades insistieron en la importancia de verificar las condiciones de los productos antes de adquirirlos y consumirlos.
Licor ilegal genera pérdidas millonarias para Cundinamarca
Además de los riesgos sanitarios, la comercialización irregular de bebidas alcohólicas tiene repercusiones sobre las finanzas territoriales.
De acuerdo con estimaciones presentadas por la Gobernación de Cundinamarca, las actividades asociadas con el licor ilegal representan para el departamento más de $80.000 millones anuales que dejan de recaudarse por concepto del impuesto al consumo de licores.
Estos recursos forman parte de las rentas territoriales y su evasión afecta los ingresos disponibles para la financiación de diferentes programas y servicios públicos.
El operativo desarrollado en Los Mártires buscó, en consecuencia, intervenir simultáneamente la posible cadena de fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de bebidas adulteradas y los elementos utilizados para aparentar su legalidad.
¿Cómo identificar posibles irregularidades en una botella de licor?
Tras la incautación, las autoridades reiteraron varias recomendaciones dirigidas a quienes adquieren bebidas alcohólicas.
Entre ellas se encuentran comprar únicamente en establecimientos confiables, desconfiar de productos ofrecidos a precios considerablemente inferiores a los habituales y verificar que las botellas conserven intactas sus etiquetas, tapas, empaques, estampillas y demás elementos de seguridad.
También recomendaron comprobar que el producto cuente con registro sanitario y evitar el consumo cuando existan alteraciones visibles, sellos manipulados, empaques deteriorados o dudas sobre su procedencia.
La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las demás instituciones que participaron en el procedimiento indicaron que continuarán desarrollando acciones de vigilancia y control frente a la fabricación, adulteración, almacenamiento y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.
El INVIMA advirtió que retirar estas bebidas del mercado contribuye a prevenir posibles riesgos para la salud pública en Bogotá y Cundinamarca.
