Cuando un incendio avanza sobre bosques, cultivos o viviendas, o una inundación amenaza a una comunidad, la capacidad de respuesta de los bomberos depende no solo de su preparación y vocación, sino también de contar oportunamente con personal, vehículos, herramientas, equipos especializados y recursos para operar.
Ese es el planteamiento central del delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, quien hizo un llamado a garantizar la financiación del sistema bomberil colombiano y a fortalecer especialmente a los organismos que trabajan en municipios con menores capacidades económicas y operativas.
En su columna “Sin recursos no hay respuesta: la urgencia de financiar la seguridad de Colombia”, Farfán Vargas sostiene que las emergencias recientes han evidenciado las dificultades que afrontan diferentes Cuerpos de Bomberos para atender escenarios de gran magnitud o varios eventos simultáneamente.
El capitán de Bomberos relaciona esta situación con el actual escenario de incendios de cobertura vegetal que ha golpeado diferentes regiones, entre ellas Cundinamarca y Tolima, así como con la necesidad de mantener capacidad de reacción frente a terremotos, inundaciones y otros desastres.
Según su análisis, la insuficiencia de equipos especializados, herramientas modernas y personal representa una dificultad particularmente seria cuando varias emergencias requieren atención al mismo tiempo.
“La gestión del riesgo de desastres no se sostiene únicamente con vocación; se financia con decisiones presupuestales oportunas”, señaló Farfán Vargas.
Farfán Vargas pide garantizar recursos para los bomberos de Colombia
El delegado departamental fundamenta su llamado en las responsabilidades que la legislación colombiana asigna al Estado frente a la protección de la población y la prestación del servicio bomberil.
Farfán Vargas cita el artículo 2 de la Constitución Política, relacionado con el deber de las autoridades de proteger a las personas en su vida, honra y bienes, y la Ley 1575 de 2012, que establece el marco general para la actividad de los cuerpos de bomberos en Colombia.
También hace referencia al Fondo Nacional de Bomberos, previsto en esa legislación como mecanismo para apoyar la financiación y el fortalecimiento de la actividad bomberil.
Para el capitán, garantizar la llegada efectiva de los recursos presupuestales destinados a este propósito no debe interpretarse como una petición exclusiva de los organismos de emergencia, sino como una necesidad asociada directamente con la protección de las comunidades.
La preocupación adquiere mayor dimensión en municipios donde los bomberos disponen de capacidades económicas, técnicas y logísticas reducidas para atender incendios, rescates y otros eventos.
Municipios de quinta y sexta categoría, entre las prioridades
Uno de los planteamientos centrales de Farfán Vargas consiste en priorizar el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos que operan en municipios de quinta y sexta categoría, donde considera que las necesidades de equipamiento son mayores.
Su propuesta apunta a que la distribución de los recursos responda al nivel de riesgo y a las necesidades operativas de cada territorio.
Esto implicaría orientar las inversiones hacia capacidades que permitan enfrentar las emergencias de manera efectiva, incluyendo herramientas especializadas, tecnología, equipos de protección y demás elementos necesarios para las operaciones bomberiles.
Farfán también relaciona esta responsabilidad con los principios de concurrencia y subsidiariedad contemplados en la Ley 1523 de 2012, correspondiente a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Desde esa perspectiva, sostiene que una demora en los recursos puede tener consecuencias especialmente graves en aquellos territorios que no disponen por sí solos de suficiente capacidad para responder ante una emergencia de grandes proporciones.
No solo pide recursos: también exige transparencia
La posición del delegado departamental no se limita a reclamar financiación.
Farfán Vargas señala que la exigencia de recursos públicos también obliga a los organismos responsables a garantizar una administración eficiente, verificable y transparente.
Para ello propone que, una vez los recursos se encuentren en el Fondo Nacional de Bomberos y sean administrados por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), su ejecución responda a tres principios.
El primero es la objetividad. Según su planteamiento, el dinero debe distribuirse mediante criterios técnicos relacionados con la necesidad operativa y el nivel de riesgo de los municipios, sin favorecer intereses particulares.
El segundo corresponde a la estrategia, orientada a priorizar el fortalecimiento técnico, la adquisición de herramientas y la atención de los territorios con mayores limitaciones.
El tercero es la transparencia, mediante mecanismos de rendición de cuentas, control fiscal y vigilancia ciudadana que permitan establecer cómo se utiliza cada peso destinado a la protección de la población.
“Cada peso público invertido en la protección de la vida debe contar con una rigurosa rendición de cuentas”, sostiene el delegado en su columna.
Incendios y cambio climático aumentan las exigencias
El capitán Farfán Vargas también advierte sobre el impacto que los fenómenos climáticos cada vez más intensos pueden representar para los organismos encargados de responder a emergencias.
Incendios prolongados, inundaciones y otros eventos pueden exigir despliegues simultáneos de personal y equipos durante extensos periodos, aumentando la presión sobre cuerpos de bomberos que, según el delegado, ya presentan deficiencias de equipamiento.
Por esa razón, su llamado plantea abordar la financiación bomberil como una inversión asociada directamente con la protección de la vida humana, los animales, la biodiversidad, las viviendas, los cultivos y el patrimonio de las comunidades.
Una decisión que puede incidir directamente en una emergencia
Para el delegado departamental de Bomberos Cundinamarca, disponer de recursos suficientes y administrarlos correctamente tiene una consecuencia práctica: aumentar la capacidad de los bomberos para llegar, actuar y controlar una emergencia cuando cada minuto puede ser determinante.
El delegado concluye que financiar adecuadamente el sistema nacional de bomberos y asegurar una ejecución técnica de los recursos constituye una responsabilidad estatal relacionada directamente con la protección de la población.
“Financiar adecuadamente el sistema nacional de bomberos y garantizar una ejecución limpia y técnica de sus fondos no es solo una meta institucional: es la frontera jurídica y operativa que hará la diferencia entre salvar una vida o lamentar una tragedia”, concluyó Farfán Vargas.
