La medida fue adoptada mediante la Directiva 004 de 2026, expedida por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, en cumplimiento de la Ley 2453 de 2025. Su aplicación será obligatoria para las dependencias del Ministerio Público que adelanten actuaciones preventivas o disciplinarias sobre este tipo de conductas.
Expedientes tendrán una identificación especial
Para facilitar el control de los casos, la Procuraduría habilitó una ruta técnica dentro del Sistema de Información Misional (SIM), plataforma utilizada para registrar y consultar las actuaciones de la entidad.
Los funcionarios responsables deberán ingresar a la opción “Común Procesos” e identificar de manera preferente los expedientes relacionados con posibles agresiones o actos de discriminación contra mujeres que participen en actividades políticas.
Una vez clasificado el caso, el sistema asociará una alerta al expediente. Este mecanismo permitirá conocer su estado, revisar las actuaciones realizadas y mantener un monitoreo continuo durante el trámite preventivo o disciplinario.
Violencia digital, física y psicológica serán clasificadas
La plataforma cuenta con un catálogo que reúne las diferentes modalidades de violencia contempladas en la legislación.
Entre las categorías disponibles se encuentran la violencia digital, económica, física, psicológica, sexual, simbólica y vicaria. La tipología deberá seleccionarse de acuerdo con los hechos descritos en cada denuncia.
La clasificación busca mejorar la organización de la información, facilitar la trazabilidad de los procesos y reducir el riesgo de que las quejas queden dispersas entre distintas dependencias o sin una identificación adecuada.
Datos servirán para prevenir nuevas agresiones
El procedimiento también permitirá consolidar estadísticas sobre las conductas que afectan a las mujeres que ocupan cargos públicos, ejercen liderazgo político, participan en campañas electorales o aspiran a posiciones de representación popular.
La información recopilada podrá ser utilizada para detectar patrones de violencia, formular acciones preventivas y orientar decisiones institucionales dirigidas a garantizar una participación política en condiciones de igualdad y seguridad.
La Procuraduría señaló que el registro riguroso de estos casos contribuirá a fortalecer la atención de las denuncias y a documentar las barreras que enfrentan las mujeres en los espacios de decisión pública.
Con la aplicación de la directiva, las dependencias del Ministerio Público deberán dar un tratamiento diferenciado y prioritario a las actuaciones relacionadas con violencia política contra las mujeres, desde su recepción hasta la finalización del proceso correspondiente.
La clasificación incluye violencia digital, económica, física, psicológica, sexual, simbólica y vicaria.
