En las últimas horas se desplegó una ofensiva simultánea en todo el país para frenar las redes criminales que continúan operando desde los centros penitenciarios. El operativo, liderado por el Ministerio de Justicia en coordinación con la Fuerza Pública, el INPEC y otras entidades del Estado, tuvo como objetivo central golpear de manera directa la extorsión, el uso ilegal de comunicaciones y las estructuras delictivas que ordenan delitos desde prisión hacia el exterior.
La acción fue concebida como una intervención integral para cerrar los canales del delito intramural, reforzar el control institucional y proteger a la ciudadanía frente a amenazas que se originan desde los establecimientos de reclusión.
Operativo simultáneo en las cárceles del país
La ofensiva se ejecutó de manera coordinada en los 124 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), en una operación sincronizada que buscó desarticular dinámicas criminales enquistadas en el sistema penitenciario. El despliegue fue dirigido desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota.
Cerca de 3.900 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia participaron en las requisas, controles y verificaciones, en una intervención que apuntó a restablecer el orden interno y reducir la capacidad de maniobra de las organizaciones ilegales que se apoyan en el uso clandestino de tecnología.
Operación Dominó: una estrategia sostenida contra el delito intramural
El operativo hace parte de la Operación Dominó, una estrategia de alcance nacional que se mantiene activa desde 2023 y que ha permitido coordinar más de 2.600 intervenciones en establecimientos penitenciarios.
Los resultados acumulados reflejan la magnitud del fenómeno que se busca contener: 15.600 teléfonos celulares incautados, 56.900 accesorios decomisados, 10.600 equipos bloqueados en aplicación del Decreto 851 de 2024 y cerca de 35.000 números telefónicos reportados a los operadores móviles.
Estas cifras evidencian cómo los dispositivos de comunicación se han convertido en una de las principales herramientas de las redes criminales que operan desde prisión, especialmente para coordinar extorsiones y otros delitos de alto impacto.
Presión reforzada durante 2025 y control tecnológico
Durante 2025, de manera adicional a la Operación Dominó, se han ejecutado más de 21.500 operativos en todo el territorio nacional. Estas acciones dejaron como balance la incautación de 34.800 teléfonos celulares y 33.200 tarjetas SIM, lo que confirma la persistencia de las economías ilegales dentro de los centros de reclusión y la necesidad de mantener una vigilancia constante.
En paralelo, el Gobierno ha avanzado en el fortalecimiento tecnológico del sistema penitenciario. Actualmente, 16 establecimientos cuentan con sistemas de bloqueo de señal activos, y se desarrolla un plan de inversión progresivo para reactivar y ampliar la cobertura de inhibidores en cárceles de alta seguridad, con el fin de limitar el uso de comunicaciones no autorizadas.
Control institucional y trabajo interinstitucional
El componente operativo ha estado acompañado de un despliegue institucional permanente. En lo corrido de 2025 se han realizado 25.625 revistas de seguridad, 120.771 verificaciones de antecedentes y 559 consejos de seguridad interinstitucionales, espacios en los que se articulan decisiones para cortar los vínculos entre organizaciones criminales internas y estructuras externas.
Estas acciones buscan debilitar las cadenas de mando del delito, reducir la reincidencia y reforzar la autoridad del Estado al interior de los centros penitenciarios.
Seguridad y condiciones dignas: el mensaje del Gobierno
Al referirse a la ofensiva, el ministro Andrés Idárraga Franco explicó que la política penitenciaria del Gobierno apunta a mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, pero bajo parámetros firmes de control y seguridad. Señaló que garantizar trato digno es compatible con imponer orden en los establecimientos y evitar que las cárceles sigan siendo puntos de coordinación del delito.
Con esta intervención, el Ejecutivo envió un mensaje directo a la ciudadanía y a las organizaciones criminales: el Estado mantiene la determinación de impedir que se siga delinquiendo desde los centros de reclusión y de fortalecer su autoridad dentro del sistema penitenciario, cerrando espacios a la ilegalidad y reforzando la seguridad en todo el país.
Operativo simultáneo en los 124 Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional (ERON).
