Ante el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Procuraduría General de la Nación (PGN) activó una actuación preventiva en Bogotá, orientada a anticipar riesgos y exigir respuestas concretas de las autoridades distritales y de la fuerza pública para proteger a la ciudadanía.
Con base en un análisis de riesgo para la capital del país, el Ministerio Público requirió formalmente a la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. y a la Policía Metropolitana información detallada sobre las acciones inmediatas que se adelantan para salvaguardar la vida, la integridad personal y la tranquilidad colectiva, en un contexto que podría derivar en alteraciones del orden público.
Requerimiento a seguridad distrital y Policía Metropolitana
La actuación se desarrolla a través de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, instancia desde la cual se solicitó al secretario y al subsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como al comandante de la Policía Metropolitana, precisar los protocolos de prevención, contingencia y respuesta que se encuentran activos o en proceso de implementación.
El requerimiento busca establecer con claridad cuáles son los planes operativos previstos para enfrentar escenarios de riesgo, cómo se articularán las capacidades institucionales y qué medidas concretas se adoptarán para responder de manera oportuna ante eventuales situaciones que comprometan la seguridad ciudadana.
Coordinación interinstitucional y protección de derechos
Uno de los ejes centrales de la solicitud del ente de control está relacionado con las estrategias de articulación interinstitucional. La Procuraduría pidió conocer cómo se coordinarán las acciones entre las distintas autoridades con competencia en seguridad y orden público, con el objetivo de prevenir riesgos, evitar respuestas fragmentadas y garantizar una actuación coherente en todo el territorio urbano.
De manera expresa, el Ministerio Público subrayó la necesidad de asegurar el respeto de los derechos fundamentales, la movilidad ciudadana y el acceso continuo a los servicios esenciales, especialmente en un escenario de alerta que podría impactar la cotidianidad de miles de personas en la ciudad.
Actuación preventiva y acompañamiento institucional
La Procuraduría precisó que esta intervención no tiene un carácter sancionatorio ni pretende sustituir las funciones de las autoridades ejecutivas. Se trata de una actuación estrictamente preventiva, focalizada y de acompañamiento institucional, sustentada en criterios de competencia territorial y en el análisis de riesgo elaborado para la capital del país.
El ente de control reiteró que su finalidad es anticipar posibles afectaciones, fortalecer la capacidad de respuesta institucional y contribuir a la protección integral de la ciudadanía, en un contexto que exige preparación, coordinación y decisiones oportunas por parte de todas las entidades responsables de la seguridad.
Vigilancia permanente en un contexto de alerta
La evolución de las medidas adoptadas por la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana serán objeto de seguimiento por parte del Ministerio Público, en el marco de su función constitucional de vigilancia y protección del interés general.
Seguimiento permanente: la Procuraduría acompañará
y vigilará las acciones de las autoridades distritales.
