La discusión sobre el futuro del sistema eléctrico en Colombia dio un giro inesperado luego de que el Ministerio de Minas y Energía recibiera una propuesta de los gremios del sector para redefinir la forma en que se cobra la energía en el país.
La iniciativa, que sugiere estratificar las tarifas según el nivel de consumo, ha encendido un debate que toca directamente temas de justicia social, financiamiento público y sostenibilidad económica.
Transparencia y rigor en la evaluación del Ministerio
El ministro Edwin Palma Egea aseguró que este planteamiento será evaluado minuciosamente.
Según explicó, la idea busca que quienes consumen más energía paguen tarifas proporcionales a ese uso, evitando que el Estado siga asumiendo cargas que, en su criterio, deberían corresponder a quienes cuentan con mayor capacidad económica.
“El análisis será riguroso”, declaró, insistiendo en que este tipo de discusiones deben darse con absoluta transparencia.
Para el ministro, el modelo actual genera una brecha profunda: recursos del Presupuesto General destinados a programas de vivienda, educación y salud terminan financiando subsidios para usuarios que pueden cubrir su consumo real. Palma señaló que esta situación debe corregirse, ya que desvía fondos que deberían proteger a las familias más vulnerables.
¿Se necesita una ley? El debate sobre la regulación del consumo
La propuesta gremial también plantea que el Ministerio podría modificar la estratificación por consumo sin necesidad de una ley, un punto que desató nuevas preguntas.
Aunque el ministro reconoció que es necesario revisar ese tipo de alternativas, fue enfático en señalar que el Gobierno considera indispensable una norma que respalde cualquier cambio estructural. Recordó que el país ha tenido que asumir subsidios en diésel, gasolina y energía eléctrica, lo que presiona las finanzas públicas y agrava desigualdades que siguen abiertas.
Palma Egea añadió que la defensa del modelo actual suele venir de sectores que se benefician de él, especialmente usuarios con altos niveles de consumo. Frente a esto, el Gobierno reiteró que su compromiso es fortalecer el interés público y asegurar que los subsidios lleguen exclusivamente a quienes realmente los necesitan.
“No vamos a sostener privilegios”, sentenció el ministro.
Un sistema equilibrado y sostenible para millones de usuarios
El funcionario resaltó que uno de los objetivos centrales de la agenda energética es construir un sistema más equilibrado, eficiente y sostenible, capaz de responder a las necesidades del país sin comprometer los recursos destinados a programas sociales.
Agradeció, además, que este debate haya tomado fuerza, pues representa una oportunidad para corregir una inequidad que afecta a millones de hogares y que por años ha pasado desapercibida para la mayoría de los ciudadanos.
En medio de este escenario, el país se prepara para una discusión que promete marcar el rumbo del sector energético y que podría modificar de manera profunda la relación entre los usuarios, el Estado y los costos reales del servicio eléctrico.
“Los recursos del Estado no pueden seguir
Palma Egea.
cubriendo privilegios”
