La Procuraduría General de la Nación (PGN) envió un contundente documento al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit), en el que formula graves observaciones al proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 1047 de 2024, mediante el cual se pretende establecer una prohibición a las exportaciones de carbón hacia Israel.
El órgano de control considera que la iniciativa gubernamental vulnera principios esenciales del orden constitucional, afecta derechos fundamentales y desconoce competencias exclusivas del Congreso de la República. Según la Procuraduría, el decreto proyectado transgrede normas legales, derechos adquiridos, principios jurídicos como la buena fe y la razonabilidad, y compromete la seguridad jurídica del país.
Consulta pública exprés: ¿una estrategia para evitar el debate?
Uno de los aspectos más preocupantes para la Procuraduría es el procedimiento adoptado por el Gobierno para la consulta pública del proyecto normativo. El plazo habilitado fue de apenas cinco días hábiles, lo que contraviene de manera directa el requisito legal mínimo de quince días calendario establecido para este tipo de procesos participativos.
Para el ente de control, esta decisión afecta el derecho ciudadano a participar en la construcción normativa, limita la deliberación democrática y pone en entredicho la legitimidad del trámite. “No se trata de un simple tecnicismo —señala la Procuraduría—, sino de una violación al debido proceso y a los principios de transparencia y publicidad que deben regir en toda actuación administrativa”.
Derechos adquiridos y principios jurídicos, en riesgo
Más allá del procedimiento, el contenido mismo del proyecto es considerado altamente problemático. La Procuraduría advierte que el decreto pretende suspender permisos ambientales, contratos y autorizaciones previamente otorgadas a empresas del sector carbonífero, lo cual implica el desconocimiento de situaciones jurídicas consolidadas.
Este tipo de medidas, según el análisis del organismo, viola principios como la buena fe, la proporcionalidad, la confianza legítima y la razonabilidad, pilares fundamentales del derecho administrativo. En otras palabras, se pondría en juego la seguridad jurídica del país y se abriría la puerta a una oleada de demandas por parte de los afectados.
El Ejecutivo estaría invadiendo competencias del Congreso
Uno de los puntos más delicados señalados por la Procuraduría es que el contenido del decreto excede las competencias del Poder Ejecutivo. En su análisis, la entidad sostiene que, al regular aspectos como la intervención económica, la política comercial exterior y los límites a la libertad de empresa, el Gobierno estaría asumiendo funciones reservadas exclusivamente al Congreso de la República.
Además, el proyecto carece de argumentos jurídicos sólidos que respalden este ejercicio de poder excepcional. La Procuraduría considera que no existe sustento constitucional ni legal que justifique que el Ejecutivo legisle de facto en materias de tan alta sensibilidad económica e institucional.
Recomendación final: no expedir el decreto en los términos planteados
El documento, firmado por la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, concluye que el proyecto de decreto desconoce el marco normativo vigente y, por tanto, recomienda de manera categórica que no sea expedido en los términos planteados.
De avanzar en su expedición, advierte la Procuraduría, el país podría enfrentarse a un escenario de inseguridad jurídica, conflictos institucionales, demandas multimillonarias y pérdida de confianza por parte de actores internacionales.
Contexto: Decreto 1047 de 2024 y tensión diplomática
El Decreto 1047 de 2024 surgió como respuesta política del Gobierno Colombiano a la situación de violencia en Gaza, y estableció restricciones a las exportaciones de carbón hacia Israel, uno de los principales destinos del mineral colombiano. Sin embargo, el nuevo proyecto va más allá y propone una prohibición total y permanente, lo que ha despertado críticas tanto en el ámbito económico como jurídico.
La Procuraduría recomienda no expedir
el decreto en los términos actuales
y advierte riesgos legales e institucionales.
