SOACHA.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) resolvió una controversia jurídica relacionada con las inspecciones de prevención de incendios y seguridad humana en los establecimientos comerciales de Soacha (Cundinamarca). Mediante sentencia del 16 de octubre de 2026, la Corporación negó una demanda que pretendía anular una disposición municipal que asigna estas actividades al Cuerpo Oficial de Bomberos.
La decisión, adoptada por la Sección Cuarta, Subsección A, con ponencia del magistrado Juan Darío Contreras Bautista, mantiene la validez jurídica del Artículo primero del Acuerdo Municipal 012 de 2020, expedido por el Concejo de Soacha.
El proceso surgió por los cuestionamientos a una disposición que establece que las visitas técnicas de inspección ocular de seguridad deben ser realizadas por los bomberos oficiales del municipio, con el propósito de identificar riesgos de incendio y verificar condiciones de seguridad humana en los establecimientos comerciales.
¿Por qué fue demandado el acuerdo municipal de Soacha?
La controversia comenzó con una demanda presentada por Hernán Guillermo Sanabria Bermúdez, quien consideró que la disposición municipal excluía injustificadamente a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de actividades para las cuales también están facultados por la legislación colombiana.
Según los argumentos del demandante, la norma otorgaba un tratamiento preferencial al organismo oficial, restringía la participación de otras instituciones bomberiles y podía generar confusión entre comerciantes y autoridades respecto a la validez de los certificados de seguridad expedidos por diferentes cuerpos de bomberos.
También sostuvo que esta situación podía afectar la libertad de elección de los ciudadanos para acudir a otras instituciones habilitadas y generar una posición de exclusividad en favor del organismo oficial.
Por estas razones, solicitó declarar la nulidad del Acuerdo 012 de 2020 o, subsidiariamente, corregir su artículo primero.
¿Qué determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
Al estudiar el caso, los magistrados analizaron las competencias que la Ley 1575 de 2012, modificada por la Ley 1796 de 2016, reconoce a los cuerpos de bomberos en materia de prevención de incendios, inspecciones técnicas y seguridad humana.
El Tribunal señaló que la legislación reconoce estas funciones a los organismos bomberiles, pero también establece las modalidades mediante las cuales los municipios deben garantizar la prestación del servicio público esencial.
En este sentido, explicó que las administraciones municipales pueden cumplir dicha obligación directamente, mediante cuerpos oficiales de bomberos, o a través de contratos o convenios celebrados con cuerpos de bomberos voluntarios.
Para el caso de Soacha, la Corporación recordó que el municipio cuenta con un Cuerpo Oficial de Bomberos creado mediante el Acuerdo 03 del 4 de agosto de 1994, cuya estructura fue establecida posteriormente a través del Decreto 505 de 1995.
Por consiguiente, consideró que este organismo se encuentra legalmente facultado para adelantar las inspecciones de seguridad, al formar parte de la estructura administrativa mediante la cual el municipio presta directamente el servicio.
El Tribunal concluyó que esta asignación de funciones no constituye, por sí misma, una exclusión arbitraria de los cuerpos de bomberos voluntarios.
¿Qué ocurre con los bomberos voluntarios?
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue establecer si el acuerdo municipal vulneraba los principios de igualdad, concurrencia y subsidiariedad al no contemplar la participación de los organismos voluntarios en las inspecciones reguladas.
Sobre este punto, el Tribunal explicó que los cuerpos oficiales y voluntarios tienen naturalezas jurídicas diferentes.
Mientras los primeros forman parte de la estructura pública del respectivo municipio, los segundos son asociaciones sin ánimo de lucro que, para prestar el servicio público bomberil en los términos examinados por la sentencia, requieren contratos o convenios con las administraciones territoriales.
En consecuencia, los magistrados determinaron que ambas modalidades de prestación del servicio no se encuentran en una situación jurídica idéntica y que, por tanto, la disposición demandada no desconoce los principios invocados por el accionante.
La decisión no elimina el reconocimiento legal de los cuerpos de bomberos voluntarios ni establece una prohibición general para que estas organizaciones participen en la prestación del servicio público. El pronunciamiento se refiere específicamente a la legalidad de las funciones asignadas al organismo oficial de Soacha mediante el acuerdo cuestionado.
¿Pueden los comerciantes elegir quién realiza las inspecciones?
La sentencia también abordó el argumento relacionado con la supuesta restricción a la libertad de elección de los establecimientos comerciales.
Al respecto, el Tribunal precisó que las inspecciones de prevención de incendios y seguridad humana no constituyen simplemente un servicio comercial que los ciudadanos contratan libremente entre diferentes oferentes.
Por el contrario, se trata de una función preventiva de carácter público que busca verificar las condiciones de seguridad de edificaciones y establecimientos.
De acuerdo con el fallo, los ciudadanos tienen el deber de facilitar estas inspecciones cuando son realizadas por los organismos competentes, conforme a las disposiciones legales aplicables.
En ese contexto, el Tribunal consideró jurídicamente válido que Soacha ejerza directamente esta función mediante su Cuerpo Oficial de Bomberos.
¿Cuál fue la decisión final de la sentencia?
Después de analizar los argumentos de las partes y las disposiciones legales aplicables, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que los cuestionamientos presentados no desvirtuaban la presunción de legalidad del artículo primero del Acuerdo 012 de 2020.
Por esta razón, negó las pretensiones de la demanda y no impuso condena en costas, teniendo en cuenta la naturaleza pública del proceso de nulidad.
La providencia también ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público, y dispuso el archivo del expediente una vez que la decisión quede en firme.
De esta manera, el artículo cuestionado conserva su validez tras el pronunciamiento de primera instancia, sin perjuicio de los recursos judiciales que legalmente pudieran proceder.
La decisión ofrece una interpretación judicial sobre las competencias de los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos, particularmente cuando un municipio cuenta con una institución pública propia para desarrollar las labores de prevención, inspección y seguridad humana.
Los magistrados precisaron que las inspecciones de seguridad son una función pública preventiva y no un servicio comercial.
