En el lanzamiento de la edición más reciente de la Revista de Economía Colombiana, publicación de la Contraloría General de la República, expertos y analistas lanzaron una advertencia urgente sobre tres sectores críticos para la calidad de vida de los colombianos: energía, vivienda y servicios de salud.
Servicios de salud: cambios progresivos y responsables
El sistema de salud enfrenta desafíos estructurales que exigen un sistema financiero robusto, controles estrictos y prestación de servicios con calidad y oportunidad. La Contraloría enfatizó que cualquier reforma debe garantizar una transición ordenada, evitando interrupciones en la atención a los usuarios y asegurando la estabilidad financiera del sector.
La reforma que propone eliminar la intermediación de las EPS y concentrar el riesgo financiero en ADRES plantea un escenario con mayor transparencia y eficiencia, pero también requiere respaldo técnico, capacidad fiscal sostenida y controles estrictos. “El servicio de salud debe llegar a todos los rincones del país de manera transparente y accesible para todos los colombianos”, puntualizó la entidad.
Energía: la deuda y el desgaste de la infraestructura ponen en alerta al país
El sector energético también genera preocupación por su sostenibilidad. Según Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, la billonaria deuda y el aumento de los costos podrían comprometer la prestación del servicio.
Además, la falta de reposición de activos energéticos obsoletos, muchos con más de 30 años de operación, pone en riesgo la estabilidad técnica del sistema, especialmente en zonas donde la infraestructura opera al límite de su capacidad. Este deterioro no solo afecta la eficiencia energética, sino que aumenta la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos y evidencia la urgencia de ampliar la cobertura en áreas rurales.
Vivienda: la falta de coordinación limita los avances
En vivienda, la Contraloría señaló que el DNP no cuenta con la ficha técnica aprobada para el nuevo programa de mejoramiento de vivienda, lo que dificulta evaluar su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.
La interrupción del programa Mi Casa Ya también pone en riesgo la continuidad de los logros alcanzados entre 2019 y 2024.
Durante ese período, se redujo el déficit cuantitativo en 50.000 hogares y el déficit cualitativo en 237.000, un esfuerzo sostenido que mejoró las condiciones de miles de familias, especialmente en zonas urbanas con alta presión demográfica. La Contraloría recomendó mayor cohesión intersectorial entre los Ministerios de Minas, Ambiente y Hacienda, pues la desarticulación actual limita la formulación de políticas públicas integrales.
Un análisis integral desde todos los sectores
Los temas de energía, salud y vivienda son examinados desde múltiples perspectivas: gobierno, gremios, analistas y especialistas. La Revista Economía Colombiana, número 377, dedica esta edición a profundizar en estas problemáticas bajo la pregunta: “Energía, Salud y Vivienda: ¿Derechos en riesgo?”, un llamado a la acción para proteger los servicios esenciales de los colombianos.