Primeras decisiones frente a presunta corrupciĆ³n por la emergencia sanitaria por el covid-19
La PGN adelanta 1.286 actuaciones de las cuales 990 corresponden a acciones preventivas y 296 a procesos disciplinarios. Se iniciaron acciones en 123 casos.
El procurador Fernando Carrillo FlĆ³rez y dos de sus colaboradores.
BOGOTĆ, COLOMBIA.
Desde el 23 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, la ProcuradurĆa General de la NaciĆ³n (PGN), ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del covid-19, o para alzar la voz y llamar la atenciĆ³n sobre temas de salud, como la deuda con la red pĆŗblica hospitalaria, que supera los 5,4 billones de pesos, o la necesidad de proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera lĆnea a esta pandemia.
De esos 1.286 casos priorizados, la ProcuradurĆa iniciĆ³ 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contrataciĆ³n.
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SimultĆ”neamente, abriĆ³ 296 registros, de los cuales en 123 se iniciĆ³ proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisiĆ³n. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados.
Se iniciaron 24 expedientes por contrataciĆ³n en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldĆas. TambiĆ©n se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.
Por presuntas irregularidades en la contrataciĆ³n se adelantan 40 procesos, por sobrecostos en la adquisiciĆ³n de mercados 28 y por sobrecostos en adquisiciĆ³n de elementos de protecciĆ³n 6, por trasgresiĆ³n del aislamiento obligatorio 9, por vulneraciĆ³n de derechos de la poblaciĆ³n carcelaria con ocasiĆ³n de la pandemia 3, por extralimitaciĆ³n de funciones de servidores pĆŗblicos 2, y por otros hechos 34.
JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO
Por primera vez en la historia, la PGN citĆ³ a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepciĆ³n, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras RodrĆguez, por presuntas irregularidades en la celebraciĆ³n de dos contratos por mĆ”s de $325 millones de pesos. De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rĆ”pido o exprĆ©s que podrĆa tomar dĆas.
Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por mĆ”s de $125 millones para el apoyo a la atenciĆ³n del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a travĆ©s de la CorporaciĆ³n Rayos de Esperanza, creada 30 dĆas antes de la celebraciĆ³n del contrato.
TambiĆ©n fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, JosĆ© Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realizaciĆ³n de eventos y actividades artĆsticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violaciĆ³n al principio de planeaciĆ³n y de transparencia, que comporta el deber de selecciĆ³n objetiva y de responsabilidad de la contrataciĆ³n estatal.
En otro proceso, tambiĆ©n contra el gobernador de Arauca, se abriĆ³ investigaciĆ³n y se vinculĆ³ a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de ContrataciĆ³n, Heivind Palomino GutiĆ©rrez, y al profesional universitario coordinador de gestiĆ³n del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contrataciĆ³n de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
TambiĆ©n se llamĆ³ a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, GermĆ”n Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
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APERTURA DE INVESTIGACIĆN
Se abriĆ³ investigaciĆ³n al gobernador del ChocĆ³, Ariel Palacios CalderĆ³n, se ordenĆ³ su suspensiĆ³n por 3 meses y se solicitĆ³ la suspensiĆ³n del contrato 0198 de 2020, por mĆ”s de $2.000 millones de pesos, al advertir que āresulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el covid-19, los recursos del Estado no estĆ©n dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal mĆ©dico y de enfermerĆa que tendrĆa que atender a los pacientesā.
El Ć³rgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebraciĆ³n del contrato con la FundaciĆ³n ChocĆ³ Saludable, donde el contratista debĆa adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfecciĆ³n, manejo de animales, enfermedades crĆ³nicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevenciĆ³n de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.
La ProcuradurĆa advirtiĆ³ un supuesto desconocimiento de los principios de la contrataciĆ³n estatal, teniendo en cuenta que la mayorĆa de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrĆan ser consideradas como un aporte significativo a la mitigaciĆ³n de la pandemia por el covid-19, mĆ”xime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotaciĆ³n de elementos de bioseguridad para el personal mĆ©dico y de enfermerĆa que tendrĆa que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.
Se abriĆ³ investigaciĆ³n disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido PulgarĆn, por presuntas anomalĆas contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selecciĆ³n de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones, para la entrega de productos bĆ”sicos a las familias mĆ”s vulnerables del municipio.
En este proceso el material probatorio, en su gran mayorĆa, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos, y en menos de 15 dĆas la indagaciĆ³n dio curso a una investigaciĆ³n disciplinaria.
Para el caso del alcalde de CalarcĆ”, en el QuindĆo, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, JosĆ© GarzĆ³n, se ordenĆ³ la apertura de investigaciĆ³n y la suspensiĆ³n del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
Se investigan la queja presentada por el representante legal de la empresa Ā«Inversiones Echeverry S.A.S.Ā», propietario del establecimiento de comercio Ā«Supermercado El ProgresoĀ«, quien desconoce su firma en la suscripciĆ³n del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema ElectrĆ³nico de ContrataciĆ³n PĆŗblica – SECOP I.
A la investigaciĆ³n tambiĆ©n fueron vinculados el subsecretario Administrativo de CalarcĆ”, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora JurĆdica, Laura EstefanĆa Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo MartĆnez.
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EVALUACIĆN DE PRUEBAS
En el caso de la alcaldĆa de Armenia se abriĆ³ indagaciĆ³n por un contrato por $300 millones, con la empresa Guitarra & Coffee, para el suministro de servicios logĆsticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pĆŗblica, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestiĆ³n del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por peticiĆ³n de la PGN.
Para la ProcuradurĆa este contrato podrĆa constituir un quebrantamiento de los principios de transparencia, economĆa y responsabilidad que rigen la contrataciĆ³n estatal
.
En los casos de las alcaldĆas de Malambo y Soledad, en el AtlĆ”ntico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, asĆ como en otros 11 procesos mĆ”s, avanza la indagaciĆ³n preliminar para evaluaciĆ³n sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
En este momento un equipo de investigadores del programa Ā“Transparencia por la emergenciaĀ“, de la CGR, la FGN y la PGN, se encuentra en la sede de la GobernaciĆ³n de Tolima recopilando pruebas determinantes para decidir en los prĆ³ximos dĆas si se convoca a audiencia de juzgamiento disciplinario.
Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le vinculĆ³ formalmente a una indagaciĆ³n preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegaciĆ³n que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola HernĆ”ndez DangĆ³n, para suscribir 37 contratos, por mĆ”s de $14.065 millones, para la adquisiciĆ³n de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
Este proceso tiene origen en el expediente que se abriĆ³ por presuntas irregularidades y malos manejos en la contrataciĆ³n y uso de recursos destinados por la GobernaciĆ³n del Cesar para atender necesidades de la poblaciĆ³n. En este caso se estĆ”n revisando 37 contratos y dos adiciones.
AsĆ mismo, se indaga a los diputados RaĆŗl Romero RodrĆguez y Petra Romero, por presunta participaciĆ³n en polĆtica en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitaciĆ³n de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.
Por el caso de los subsidios Ingreso Solidario se adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalĆŗa si se presentaron irregularidades en la planeaciĆ³n y ejecuciĆ³n que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.
Frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millĆ³n de mercados por parte de la Unidad Nacional para la GestiĆ³n del Riesgo, la ProcuradurĆa abriĆ³ indagaciĆ³n preliminar en contra de su director, Eduardo JosĆ© GonzĆ”lez, y funcionarios por establecer de la UNGR.
Se adelantan 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial