By PGN pide al Tribunal de Cundinamarca ordenar reinicio de obras en el relleno sanitario de Bojacá
La construcción del relleno sanitario prestaría sus servicios a al menos 10 municipios de Cundinamarca.
Foto/referencial/Cortesía.
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar la medida cautelar que suspendió el inicio de las obras en el relleno sanitario Parque Ecológico Praderas de Antelio del municipio de Bojacá, Cundinamarca.
En solicitud enviada a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, el Ministerio Público mostró su preocupación por la decisión que detener la construcción del relleno sanitario, que prestaría sus servicios a al menos 10 municipios de Cundinamarca, y advirtió que no se cumplió con los presupuestos establecidos en el Artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 para decretar esa medida cautelar.
“Era imprescindible que ese despacho judicial efectuara un análisis riguroso de las exigencias previstas por el legislador para proceder”.
Así mismo, el órgano de control advirtió que la medida cautelar está fundada en las manifestaciones presentadas por la alcaldesa encargada del municipio de Bojacá, su apoderado sustituto y el secretario de Desarrollo Económico, quienes argumentaron que el proyecto afectaría una reserva de acuíferos, contrario a la evidencia y al material probatorio obrante en el proceso de licenciamiento ambiental.
Precisó que los conceptos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y de la misma Procuraduría General coinciden en la inexistencia de cuerpos de agua y de recarga de acuíferos en el área de influencia del proyecto.
La Procuraduría ha realizado constante seguimiento al trámite del licenciamiento ambiental del proyecto, con el objetivo de evitar que en el corto plazo se genere una emergencia que pueda poner en riesgo derechos e intereses constitucionales.
“Era imprescindible que ese despacho judicial efectuara un análisis riguroso de las exigencias previstas por el legislador para proceder”.
