Un conductor que sufre una avería en carretera necesita saber a quién llamar, cuánto puede tardar la asistencia y qué entidad responde por su seguridad. En el corredor que comunica a La Calera con Bogotá, estas condiciones generan preocupación entre las autoridades municipales tras la salida del concesionario que anteriormente administraba parte de la infraestructura vial.
La Secretaría de Movilidad de La Calera, Cundinamarca, advirtió sobre dificultades en la disponibilidad de grúas, carro-taller y servicios de atención de emergencias, así como problemas relacionados con el mantenimiento de la carretera y al parecer una menor presencia de la Policía de Tránsito y Transporte.
La situación se presenta después de la terminación anticipada del contrato de concesión Perimetral de Oriente y de la entrega de la infraestructura a diferentes entidades públicas, proceso que tuvo lugar en junio de 2026.
La Administración Municipal solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías) garantizar los servicios necesarios para atender oportunamente a quienes utilizan este corredor. El requerimiento plantea una preocupación concreta: qué ocurre cuando un vehículo queda inmovilizado, se presenta un accidente o una emergencia exige asistencia inmediata.
Aunque las autoridades locales señalan dificultades en la prestación de estos servicios, todavía no existe información pública suficiente para determinar cuáles están completamente suspendidos, en qué tramos se presentan las mayores afectaciones o qué mecanismos de respuesta funcionan actualmente.
La Calera reclama asistencia vial para los conductores
Lina María Vásquez Peñaloza, secretaria de Movilidad de La Calera, manifestó que la comunidad ha experimentado cambios en los servicios de atención que anteriormente estaban disponibles bajo la operación del concesionario.
En declaraciones divulgadas el 8 de octubre de 2026 por El Dorado Radio, la funcionaria señaló que entre las principales dificultades se encuentran la ausencia de asistencia mediante grúas y carro-taller, las condiciones de atención ante emergencias y las necesidades de mantenimiento del corredor.
A ello se suma la preocupación por una menor presencia de las autoridades encargadas del control y acompañamiento del tránsito.
Los servicios mencionados cumplen funciones diferentes, pero complementarias. Una grúa permite retirar vehículos que obstruyen la circulación o que no pueden continuar su recorrido; el carro-taller facilita la atención de determinadas fallas mecánicas, mientras que los equipos de emergencia intervienen cuando existen riesgos para la integridad de conductores y pasajeros.
En una carretera con pendientes, curvas y sectores de visibilidad limitada, como ocurre en diferentes puntos de la zona montañosa de La Calera, la permanencia de un vehículo averiado puede generar dificultades adicionales para la circulación.
La Administración Municipal informó que ha elevado requerimientos a Invías para solicitar condiciones adecuadas de atención. Sin embargo, no se conocen públicamente las respuestas específicas a esas solicitudes ni un inventario actualizado de los recursos operativos disponibles.
¿Por qué terminó la concesión Perimetral de Oriente?
Para comprender el origen de esta situación es necesario revisar el proceso contractual que transformó la administración de la carretera.
El proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca estaba vinculado al contrato de concesión No. 002 de 2014, celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
En diciembre de 2024, una decisión de un tribunal arbitral internacional determinó la terminación anticipada del contrato, lo que dio paso a una etapa de reversión. Este procedimiento comprendía la entrega de la infraestructura y la definición de las obligaciones que asumirían las entidades receptoras.
El 11 de junio de 2026, la ANI anunció que la reversión se llevaría a cabo al día siguiente, después de adelantar mesas técnicas, recorridos de inspección y actividades de coordinación institucional.
La entrega involucró a Invías, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de La Calera, con participación del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) en las gestiones de articulación.
Esto significa que la administración de los aproximadamente 106,9 kilómetros del proyecto no quedó concentrada en una sola entidad. Las responsabilidades fueron distribuidas de acuerdo con los tramos recibidos y las competencias de cada autoridad.
La ANI informó posteriormente, durante su rendición de cuentas de julio, que la reversión había culminado. Sin embargo, concluir la entrega contractual no permite establecer, por sí solo, cómo funcionan actualmente todos los servicios de asistencia o cuál es el estado de las obras que estaban pendientes.
Procuraduría había solicitado atención de 22 puntos críticos y mantenimiento de 60 kilómetros
Las dificultades señaladas por La Calera tienen un antecedente institucional que resulta especialmente relevante.
El 2 de junio de 2026, diez días antes de la fecha prevista para la reversión, la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que había gestionado compromisos para atender 22 puntos críticos y avanzar en el mantenimiento de cerca de 60 kilómetros del corredor Perimetral de Oriente.
Durante una mesa técnica con entidades nacionales y territoriales, el organismo de control abordó aspectos relacionados con la conservación de la infraestructura, las intervenciones necesarias para mantener la circulación y las medidas de contingencia ante posibles emergencias.
La Procuraduría también informó sobre la entrega de un otrosí suscrito por la ANI y el concesionario, orientado a garantizar la continuidad del servicio durante esa etapa.
Entre los asuntos examinados figuraban las obligaciones sociales con las comunidades del área de influencia, la protección del patrimonio público y las acciones que debían desarrollarse para mantener la operación de la carretera.
Posteriormente, el 12 de junio, el organismo sostuvo un encuentro con ocho alcaldes relacionados con el proyecto y solicitó avanzar en la definición de responsabilidades y cronogramas de intervención.
En particular, se contemplaban trabajos en sectores críticos de las unidades funcionales 4 y 5, asociados con el recorrido entre La Calera, Choachí y Cáqueza, cuyo inicio se había previsto para julio.
Las actuaciones de la Procuraduría demuestran que la necesidad de garantizar la movilidad, el mantenimiento y la respuesta ante emergencias había sido identificada antes de que concluyera la entrega de la concesión.
No obstante, los compromisos anunciados en junio no permiten establecer cuánto se ha ejecutado hasta octubre. Para determinarlo se requieren los informes de seguimiento y las actas de cumplimiento correspondientes.
Auditoría de la ANI identificó riesgos por obras que podían quedar pendientes
La revisión de los antecedentes permite identificar otro documento relevante: una auditoría de la Oficina de Control Interno de la ANI, fechada el 25 de mayo de 2026, con radicado 20261020104713.
El informe examinó las funciones de supervisión e interventoría asociadas al proyecto Perimetral de Oriente e identificó riesgos relacionados con su terminación contractual.
Uno de los aspectos señalados fue la posibilidad de que las intervenciones previstas en las unidades funcionales 4 y 5 no alcanzaran a concluir antes del vencimiento de la etapa de reversión.
El documento también examinó la situación del talud Arrayanes, correspondiente a la unidad funcional 3A, donde existían trabajos de estabilización que requerían seguimiento.
La auditoría advirtió, además, sobre obligaciones relacionadas con la administración de predios adquiridos para el proyecto y sobre las consecuencias fiscales derivadas del proceso arbitral que ocasionó la terminación anticipada del contrato.
Para mayo de 2026, el informe situaba el riesgo económico asociado a la condena arbitral alrededor de $1,7 billones, teniendo en cuenta los conceptos y actualizaciones examinados.
Estas observaciones deben interpretarse dentro de su alcance: corresponden a riesgos identificados por el organismo de control interno antes de la reversión. No constituyen una constatación de que las mismas obras continúen inconclusas en octubre ni demuestran incumplimientos actuales de Invías.
Sin embargo, proporcionan un antecedente documental para solicitar información sobre las intervenciones realizadas, los trabajos pendientes y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad vial después del cambio de administración.
Invías anunció recursos para mantenimiento: falta conocer su ejecución
Después de la terminación de la concesión también se anunciaron recursos para la conservación de la carretera.
El 20 de junio de 2026, el diario La República informó que Invías proyectaba una inversión inicial de $9.000 millones mediante un esquema de Gestión Vial Integral, destinado a la atención de dos unidades funcionales recibidas por la entidad.
La información distinguía las actividades de mantenimiento bajo responsabilidad de Invías de las intervenciones pendientes asociadas al proceso contractual administrado por la ANI.
Aunque el anuncio permite conocer la intención de destinar recursos a la conservación vial, no demuestra que la totalidad del presupuesto haya sido contratada o ejecutada.
Tampoco permite establecer si ese esquema contempla de manera permanente servicios de grúa, carro-taller, asistencia a usuarios o atención de emergencias.
Por tanto, uno de los asuntos pendientes es que Invías informe qué contratos están vigentes, cuáles son sus obligaciones operativas y qué recursos se encuentran efectivamente disponibles para atender los tramos nacionales recibidos.
La precisión es necesaria porque mantener la superficie de rodadura en condiciones adecuadas y prestar asistencia inmediata a un conductor son responsabilidades relacionadas, pero no necesariamente cubiertas por un mismo contrato.
La atención de emergencias requiere coordinación entre varias entidades
La situación plantea una dificultad administrativa que puede tener consecuencias prácticas para los usuarios: la Perimetral de Oriente dejó de funcionar bajo un esquema único de concesión y pasó a una distribución de responsabilidades entre autoridades nacionales, departamentales y municipales.
En ese escenario, no resulta suficiente identificar quién administra la carretera en términos generales. También es necesario establecer quién atiende cada tramo, qué servicios tiene contratados y cómo se coordinan las instituciones cuando ocurre una emergencia.
Por ejemplo, un vehículo inmovilizado puede requerir asistencia mecánica, señalización preventiva y apoyo para regular el tránsito. En casos de accidentes con personas lesionadas, también puede ser necesaria la intervención de organismos de socorro y servicios médicos.
La efectividad de esa respuesta depende de que existan procedimientos definidos, medios de comunicación disponibles y responsabilidades conocidas por quienes operan la carretera.
De acuerdo con la información pública disponible, todavía no se ha establecido con suficiente detalle cómo quedó organizado ese esquema de atención en todos los sectores de la antigua concesión.
Por ello, el requerimiento de La Calera a Invías debe examinarse junto con las obligaciones que asumieron la Gobernación de Cundinamarca y la propia Administración Municipal, según las actas de entrega de cada tramo.
¿Qué sigue pendiente para garantizar la seguridad en la Perimetral de Oriente?
El pronunciamiento de la Secretaría de Movilidad de La Calera deja varios asuntos que requieren respuestas institucionales verificables.
Uno de ellos es determinar qué servicios de asistencia vial están disponibles actualmente y cuáles han presentado interrupciones o dificultades desde la salida del concesionario.
También es necesario conocer las condiciones operativas de las grúas y los vehículos de asistencia mecánica, las líneas de contacto habilitadas para reportar emergencias y los procedimientos que se aplican cuando un vehículo queda detenido sobre la carretera.
En materia de infraestructura, permanece pendiente establecer el avance de las intervenciones anunciadas para los 22 puntos críticos, el mantenimiento de los cerca de 60 kilómetros mencionados por la Procuraduría y los trabajos observados en la auditoría de la ANI.
La divulgación de los contratos, las actas de entrega y los informes de ejecución permitiría identificar con mayor precisión qué corresponde a cada institución y cuáles compromisos han sido cumplidos.
Mientras no se cuente con esa información, sería impreciso asegurar que toda la antigua Perimetral de Oriente carece de asistencia o atribuir a Invías un incumplimiento generalizado.
Lo que sí está documentado es la preocupación expresada por la Administración Municipal, la existencia de advertencias anteriores sobre la continuidad de los servicios y la necesidad de esclarecer las condiciones actuales de operación.
Para los ciudadanos que diariamente utilizan las carreteras de La Calera y su conexión con Bogotá, esa claridad tiene una utilidad inmediata: saber quién presta asistencia, dónde solicitarla y qué respuesta pueden esperar ante un accidente o una falla mecánica.
La terminación de una concesión modifica la forma en que se administra una carretera, pero la necesidad de protección de sus usuarios permanece. Garantizar esa continuidad exige que cada entidad responsable informe sus obligaciones, acredite los servicios disponibles y mantenga mecanismos de atención accesibles para los conductores.
Tras la salida del concesionario, La Calera reclama claridad sobre quién responde cuando un conductor queda varado o sufre un accidente en la carretera.
