Cinco exconcejales de Cundinamarca condenados por corrupción en caso urbanístico
By Redacción
Un reciente fallo judicial expresó que, cinco exconcejales del municipio El Rosal (Cundinamarca), han sido condenados por su participación en un escandaloso caso de corrupción relacionado con un proyecto urbanístico. La sentencia llega después de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas contundentes de que estos políticos solicitaron una importante suma de dinero para favorecer el proyecto y evitar demandas en relación con la modificación del uso del suelo en zonas semirurales.
La exconcejala Luz Adriana Sabogal Rodríguez, quien se desempeñaba como concejala durante el periodo 2016 – 2019, ha sido sentenciada a ocho años de prisión por su participación en este delito de concusión. La investigación reveló que Sabogal y otros concejales visitaron el domicilio de un empresario en mayo de 2016 para exigirle el pago de $1.200 millones. A cambio de este pago, se comprometían a no demandar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) que había modificado el uso del suelo en áreas semirurales, lo que beneficiaría el desarrollo del mencionado proyecto urbanístico.
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Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, la exconcejala condenada recibiría 200 millones de pesos de la suma total exigida. Martha Alejandra Parra Chavarro, directora especializada contra la Corrupción, afirmó: “el esquema modificaba el uso del suelo y la ejecución de proyectos urbanísticos”, o sea, es más grave el acto cometido.
La juez de conocimiento tras analizar los argumentos presentados por la Fiscalía, emitió la sentencia que condena a Sabogal a ocho años de prisión. Además, la exconcejala deberá pagar una multa equivalente a 84 salaros mínimos legales vigentes en el año 2016, y se le prohibirá ejercer funciones y derechos durante 96 meses. Sin embargo, cabe destacar que la defensa ha apelado la sentencia.
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En relación con estos mismos hechos, otros cuatro exconcejales también han sido condenados a cinco años de prisión.
Estos políticos solicitaron una importante suma de dinero para favorecer el proyecto y evitar demandas en relación con la modificación del uso del suelo en zonas semirurales.
