La Procuraduría General de la Nación (PGN), formuló cargos disciplinarios contra Héctor Orlando Barrera Cárdenas, exalcalde de Aquitania (2020-2023), y William Orlando Peralta Riveros, inspector de Policía de esa misma población, por presunta omisión de funciones en el control urbanístico durante la construcción de un complejo hotelero que avanza en cercanías de la Laguna de Tota, uno de los ecosistemas más importantes de Colombia.
Una joya natural en riesgo
La Laguna de Tota, ubicada en el oriente de Boyacá, es considerada la laguna más grande del país y un reservorio estratégico de agua dulce. Allí confluyen comunidades campesinas, actividades turísticas, agrícolas y ecosistemas de gran fragilidad.
Por esa razón, cada proyecto urbanístico debe cumplir estrictamente con licencias ambientales y permisos de construcción que aseguren la preservación de la ronda de protección. Sin embargo, en este caso, según la Procuraduría, las obras del complejo hotelero avanzaron por más de dos años sin ningún tipo de licencia, poniendo en riesgo la estabilidad ecológica del lugar.
Alertas ignoradas y advertencias incumplidas
El Ministerio Público explicó que desde años anteriores se habían emitido exhortos, advertencias y llamados de atención sobre las irregularidades que rodeaban el proyecto. No obstante, estas recomendaciones fueron ignoradas, y las obras continuaron sin licencia de construcción ni autorización ambiental, lo que incrementó la preocupación de organizaciones ambientales y habitantes de Aquitania.
La Procuraduría advirtió que la situación representa un riesgo de afectación directa a la laguna y a los ecosistemas que dependen de ella, incluyendo especies de flora y fauna únicas en la región.
Investigación y pliego de cargos
Tras una investigación exhaustiva adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso, se encontró mérito suficiente para formular cargos contra Barrera Cárdenas y Peralta Riveros. Ambos habrían incurrido en presunta omisión de funciones, al no aplicar las medidas preventivas y de control que les correspondían para frenar las obras ilegales.
La decisión del ente de control busca sentar un precedente frente al manejo del territorio y la necesidad de garantizar que proyectos turísticos en zonas de alta sensibilidad ambiental respeten los procedimientos legales y la normatividad vigente.
CORPOBOYACÁ bajo la lupa
El proceso disciplinario no se detuvo allí. La Procuraduría ordenó también compulsar copias contra funcionarios de CORPOBOYACÁ, por presuntas irregularidades en la expedición de conceptos técnicos y decisiones relacionadas con el uso del suelo en la ronda de protección de la Laguna de Tota.
De comprobarse las faltas, la investigación podría derivar en sanciones que impacten no solo a exfuncionarios municipales, sino también a la entidad encargada de la protección ambiental en Boyacá.
Obras turísticas habrían avanzado sin licencias
ambientales ni de construcción.
