By Cargos a presuntos involucrados en construcción ilícita de complejo funerario en La Calera
El ente de control solicitó al juez de control de garantías la suspensión de los registros obtenidos de manera fraudulenta que habría avalado la realización del proyecto.
Fotografía/Cortesía/El Tiempo.
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA.
Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó a cuatro personas, entre ellas un exfuncionario, por su presunta responsabilidad en varias acciones ilícitas que permitieron avanzar con la construcción de un ‘Parque cementerio ecológico’ en la vereda Altamar, en zona rural del municipio de La Calera (Cundinamarca).
Durante la audiencia, realizada de forma virtual, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los procesados diferentes delitos, según el nivel de participación que tendrían en los hechos investigados.
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LOS IMPUTADOS SON:
- Jairo Andrés Díaz Rodríguez, secretario de Planeación de La Calera entre 2013 y 2015. Imputado por prevaricato por acción.
- María Adelaida París Gómez, representante legal de la empresa Capillas de la Fe. La Fiscalía le formuló cargos por obtención de documento falso, fraude procesal y urbanización ilegal.
- Wilson Felipe Ortegón Medina, arquitecto y director de obra del proyecto. Imputado por fraude procesal.
- Johana Melissa Castro Rojas, abogada de la empresa Capillas de la Fe. Se le formularon cargos por los delitos de fraude procesal y urbanización ilegal.
INVESTIGACIÓN
Inicialmente, el 11 de diciembre de 2015, Jairo Andrés Díaz Rodríguez, entonces secretario de Planeación de La Calera (Cundinamarca), habría modificado el condicionamiento de uso del suelo en el lugar donde se proyectó la construcción del cementerio. Al parecer, declaró el terreno Zona de Utilidad Pública, en contravía de las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que prohíbe la existencia de cementerios en áreas pobladas o residenciales, con centros educativos o jardines infantiles, como es el caso de la vereda Altamar.
Con este cambio, la funeraria solicitó a la alcaldía municipal licencia de construcción para la parcelación y urbanización. La petición fue negada. La decisión fue comunicada mediante aviso, en el entendido de que los interesados supuestamente no atendieron el llamado de notificación presencial.
La representante legal de la funeraria argumentó que no fue informada oficialmente de la negativa y, amparándose en el silencio administrativo positivo, obtuvo en una notaría las escrituras públicas que, a su parecer, le daban viabilidad para iniciar obras en La Calera.
De esta manera, inició la construcción. Sin autorización de la Alcaldía ni licencia ambiental, requisito indispensable para el impacto que tienen los cementerios en el terreno y el entorno.
MEDIDAS DE SUSPENSIÓN
La FGN solicitó al juez de control de garantías la suspensión de los registros obtenidos de manera fraudulenta que habría avalado la realización del proyecto. Con esta medida se busca evitar que la culminación y puesta en marcha del ‘parque cementerio ecológico’ genere un daño grave al medio ambiente y a la ciudadanía que habita en la zona de influencia.
La determinación del juez se conocerá en los próximos días.
El proyecto no tendría autorización del municipio ni licencia ambiental, entre otras presuntas irregularidades.
