“CAR aprobó licencia para minería en río Magdalena, desconociendo peticiones de la comunidad”
Con la autorización de la actividad minera en el cauce del río Magdalena se configuró también una vulneración al debido proceso.
GIRARDOT, CUNDINAMARCA.
En octubre de 2019, la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó licencia ambiental a la sociedad Proyectos de Ingeniería y Geología Colombiana (PROINGECOL S.A.S.) y a la empresa Proacol. A través de este acto administrativo, la CAR las autorizó para extraer arenas, gravas, tierra y minerales del río Magdalena. Desde que estas empresas llegaron a la región, la comunidad se opuso al proyecto, pero sus voces y reclamos no fueron tenidos en cuenta por la CAR, así lo publica en sus redes sociales el Diario del Cauca.
Dice este diario que, tras la adjudicación de la licencia, los concejales de Girardot firmaron una proposición para pedirle a Luis Fernando Sanabria, nuevo director de la CAR, que revoque la decisión tomada por su antecesor, quien autorizó la actividad minera unos días antes de dejar el cargo. Los concejales denunciaron que con esta medida “se están vulnerando los derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se está poniendo en riesgo la integridad ecosistémica”.
Un proceso marcado por inconsistencias
Con la autorización de la actividad minera en el cauce del río Magdalena se configuró también una vulneración al debido proceso, pues el proyecto cambió sustancialmente entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada. Algunos de los cambios por los que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia tienen que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas, y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
Los opositores al desarrollo del proyecto que defienden el río Magdalena denuncian que la EIA tiene múltiples falencias frente a los manuales de estudios ambientales y que se realizó sin la participación real y efectiva de las poblaciones locales, desconociendo también a la comunidad indígena pijao en Coello y a los campesinos de Girardot.
“…se están vulnerando los derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se está poniendo en riesgo la integridad ecosistémica”, Concejales de Girardot.
