En Colombia, miles de familias han tenido que enfrentarse a la misma pesadilla: perder temporalmente el acceso a servicios básicos como el agua, gas o la energía por no poder pagar a tiempo. Y cuando finalmente logran ponerse al día, deben asumir un nuevo cobro: el de la reconexión. Una tarifa que, según denuncian los usuarios, castiga la pobreza y profundiza las desigualdades.
Ese panorama podría comenzar a cambiar. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca eliminar el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios, una iniciativa que podría transformar la manera en que el Estado y las empresas prestadoras se relacionan con los ciudadanos.
El proyecto que impulsa la equidad social
El texto de la propuesta, radicado por el senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, establece que ninguna empresa podrá imponer tarifas adicionales por reinstalar los servicios suspendidos. Para amplios sectores sociales, esta práctica resulta injusta, pues afecta de manera desproporcionada a los hogares más vulnerables, especialmente a los de estratos 1, 2 y 3, donde cada peso cuenta.
“Los servicios básicos deben ser un derecho garantizado para todos y no un privilegio reservado a unos pocos”, sostuvo el senador Castellanos Serrano durante la presentación del proyecto. “No podemos seguir siendo un país donde el agua o la luz se midan con criterios de rentabilidad y no de dignidad humana”.
“Pagar la deuda no debería ser un castigo”
A su vez, el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, ponente de la iniciativa, subrayó que la reconexión no puede convertirse en una oportunidad de negocio para las empresas.
“Si una persona se pone al día con sus pagos, no tiene por qué pagar nuevamente para que le reconecten el servicio. Esa práctica castiga el esfuerzo de quienes buscan cumplir”, expresó Moreno Hurtado.
Según estudios del sector, los cobros por reconexión pueden alcanzar sumas significativas que afectan directamente el presupuesto familiar, obligando a muchos usuarios a elegir entre pagar la deuda o cubrir otras necesidades básicas. La eliminación de este cobro significaría un alivio directo para miles de familias que hoy viven al límite.
Organizaciones sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos ciudadanos han respaldado la medida, considerándola un paso firme hacia la equidad social y la justicia económica. Además, diversos analistas coinciden en que la propuesta podría contribuir a fortalecer la confianza entre los usuarios y las empresas de servicios públicos, al promover una relación más transparente y humana.
Lo que sigue en el Congreso
La iniciativa fue aprobada en su primer debate y ahora pasa a la plenaria del Senado, donde se espera que reciba el respaldo de la mayoría de bancadas. De superar esta etapa, continuará su trámite en la Cámara de Representantes.
Su aprobación representaría un cambio de fondo en la política de servicios públicos, con impacto directo en millones de colombianos que cada mes luchan por cumplir con sus facturas y mantener el acceso a bienes esenciales como el agua, la energía y el gas.
Que el agua y la luz no sean un privilegio
Más que un trámite legislativo, este proyecto se ha convertido en una bandera por la defensa de la dignidad humana y la democratización de los servicios públicos. En un país con altos niveles de desigualdad, la eliminación del cobro por reconexión es una forma concreta de decirle a la gente que el acceso a los servicios básicos no debe depender del tamaño de su bolsillo, sino del reconocimiento de su condición ciudadana.
Porque en Colombia, pagar por volver a tener luz, gas o agua no debería ser un castigo, sino una oportunidad para empezar de nuevo sin cargas injustas. La medida aliviaría la economía de millones de hogares vulnerables.
La medida aliviaría la economía
de millones de hogares vulnerables.
