La Fiscalía General de la Nación investiga un presunto esquema de corrupción judicial mediante el cual se habrían obtenido embargos sobre mesadas pensionales y posteriores órdenes de entrega de los recursos. Entre los investigados figuran notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían utilizado documentos y procesos judiciales tramitados ante juzgados sin competencia territorial.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los involucrados habrían creado títulos ejecutivos para promover demandas relacionadas con rentas vitalicias en ciudades distintas a aquellas donde residían los demandantes y demandados. Este procedimiento les habría permitido obtener órdenes judiciales para retener parte de las pensiones y disponer posteriormente de los dineros.
Exjuez de Sasaima habría tramitado 1.660 procesos relacionados con el esquema investigado
Entre los presuntos implicados se encuentra Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima (Cundinamarca). Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estuvo a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad investigada.
Durante el ejercicio de sus funciones, el entonces juez, al parecer, admitió demandas pese a carecer de competencia territorial, ordenó retenciones sobre mesadas pensionales y adelantó otras actuaciones que habrían permitido mantener los recursos bajo custodia del juzgado.
En 21 de los procesos que conoció, sus decisiones dieron lugar a embargos de hasta el 50 % de las pensiones, lo que habría permitido la entrega de más de 1.150 millones de pesos a un mismo demandante.
Mujer de 82 años habría perdido $63 millones tras firmar documentos en blanco
Uno de los casos documentados por la Fiscalía corresponde a una mujer de 82 años, residente en Valledupar (Cesar), quien atravesaba dificultades económicas.
Según la investigación, en 2022 los presuntos responsables se habrían aprovechado de su situación para conseguir, mediante engaños, que firmara documentos en blanco. Estos habrían sido utilizados posteriormente para promover una demanda ejecutiva que derivó en la presunta apropiación de 63 millones de pesos de sus recursos.
El caso forma parte de las actuaciones que investiga el ente acusador para establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en el esquema.
Exjuez no aceptó los cargos y deberá permanecer en centro carcelario
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
El exfuncionario judicial no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso penal en su contra.
Las conductas atribuidas al exjuez y a los demás presuntos involucrados son materia de investigación. La responsabilidad penal deberá determinarse en las instancias judiciales correspondientes, con respeto por la presunción de inocencia.
Una adulta mayor de Valledupar figura entre las presuntas víctimas del esquema de embargos irregulares
que investiga la Fiscalía.
*Información De la Fiscalía General de la Nación.
