Los análisis realizados durante el primer semestre de 2026 también identificaron 60 municipios con riesgo alto, 177 con riesgo medio y 245 con riesgo bajo. Las autoridades aún no han divulgado cuáles son los territorios afectados.
La calidad del agua suministrada en las zonas urbanas de 12 municipios de Colombia fue clasificada como “inviable sanitariamente”, el nivel más grave establecido por el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA).
Los resultados corresponden a muestras recogidas durante los primeros seis meses de 2026 en 1.081 municipios del país. La información fue presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio durante una mesa de trabajo convocada por la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial.
Aunque la clasificación advierte sobre una condición que requiere intervención inmediata, hasta el momento no se han divulgado los nombres ni los departamentos a los que pertenecen los 12 municipios. La Procuraduría General de la Nación tampoco precisó cuántas personas estarían recibiendo el suministro bajo estas condiciones.
¿Qué significa que el agua sea “inviable sanitariamente”?
El IRCA es el indicador empleado en Colombia para determinar el nivel de riesgo asociado con la calidad del agua distribuida para consumo humano. Su cálculo tiene en cuenta el cumplimiento de características físicas, químicas y microbiológicas establecidas por la regulación sanitaria.
De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, una clasificación de “inviable sanitariamente” corresponde a un resultado del IRCA superior al 80 % y hasta el 100 %. En este rango, el agua se considera no apta para consumo humano y exige la intervención de prestadores, alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales, según sus respectivas competencias.
La misma regulación establece las siguientes categorías:
Sin riesgo: IRCA entre 0 % y 5 %. El agua se considera apta para consumo humano.
Riesgo bajo: superior a 5 % y hasta 14 %. El agua no es apta y requiere mejoramiento.
Riesgo medio: superior a 14 % y hasta 35 %. Se requiere gestión directa del prestador.
Riesgo alto: superior a 35 % y hasta 80 %. Demanda intervención del prestador y de las autoridades territoriales.
Inviable sanitariamente: superior a 80 % y hasta 100 %. Requiere actuaciones de los responsables locales, departamentales y nacionales.
Estos rangos están definidos en la Resolución 2115 de 2007, que regula las características, los instrumentos y las frecuencias de vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano.
Otros 482 municipios presentan diferentes niveles de riesgo
Además de los 12 casos ubicados en la categoría más grave, el informe reveló que 60 municipios presentan riesgo alto, 177 riesgo medio y 245 riesgo bajo.
Al sumar todas las categorías reportadas, 494 de los 1.081 municipios evaluados registraron algún grado de riesgo en el agua de sus zonas urbanas. De ellos, 72 se encuentran en las dos clasificaciones más severas: 60 con riesgo alto y 12 con condición inviable sanitariamente.
El resultado no significa necesariamente que toda el agua de cada municipio mantenga la misma condición en todo momento. El IRCA se calcula a partir de las muestras tomadas en los sistemas vigilados durante un periodo determinado. Sin embargo, una clasificación de riesgo obliga a revisar la operación de los acueductos y a adoptar los correctivos previstos por la regulación sanitaria.
Procuraduría anuncia actuaciones preventivas y disciplinarias
Ante los resultados, la Procuraduría definió un plan de trabajo coordinado con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de Hacienda y Crédito Público.
El organismo de control anunció el inicio inmediato de acciones preventivas y disciplinarias para establecer el cumplimiento de las obligaciones de las entidades y funcionarios responsables, impulsar el mejoramiento de la calidad del agua y exigir que el servicio sea prestado en condiciones adecuadas.
Las actuaciones preventivas buscan anticipar o corregir posibles incumplimientos administrativos. Las disciplinarias, por su parte, permiten investigar la conducta de servidores públicos y determinar si existen faltas atribuibles al ejercicio de sus funciones. Su apertura no implica, por sí sola, que ya se haya establecido responsabilidad individual.
Falta conocer cuáles son los municipios afectados
La ausencia de un listado oficial impide que los habitantes sepan si su municipio forma parte de las categorías de riesgo informadas. Tampoco se conocen, por ahora, los resultados individuales del IRCA, las causas de los incumplimientos ni las medidas específicas que deberá ejecutar cada prestador.
La identificación de los territorios resulta necesaria para que las autoridades sanitarias informen a las comunidades sobre las condiciones del suministro y comuniquen las recomendaciones aplicables en cada caso. Las medidas no deben generalizarse sin conocer los resultados particulares, pues dependen del contaminante detectado, del nivel de riesgo y de las instrucciones emitidas por la autoridad competente.
Calidad del agua y responsabilidad territorial
La prestación del servicio de acueducto no se limita a garantizar la disponibilidad del líquido. El agua distribuida debe cumplir los parámetros sanitarios establecidos para proteger a la población frente a microorganismos, sustancias químicas y alteraciones físicas que puedan representar un riesgo para la salud.
Los resultados conocidos demandan seguimiento técnico, transparencia en la divulgación de la información y acciones verificables por parte de los prestadores, las administraciones municipales, las gobernaciones y las entidades nacionales.
La publicación de los nombres de los municipios, los porcentajes del IRCA y los planes de mejoramiento permitiría que las comunidades conozcan el estado real del agua que reciben y hagan seguimiento a las medidas anunciadas. Mientras esa información no sea divulgada, permanece sin resolver la principal inquietud de los usuarios: cuáles son los 12 municipios donde el agua urbana fue clasificada como inviable sanitariamente.
En total, 494 de los 1.081 municipios evaluados presentaron algún nivel de riesgo.
