Un médico ginecólogo que ejercía en un consultorio privado de Zipaquirá (Cundinamarca), fue judicializado el pasado 17 de mayo de 2026 por la Fiscalía General de la Nación, luego de que las investigaciones apuntaran a su presunta responsabilidad en el abuso sexual de al menos dos de sus pacientes. El procesado, habría cometido los hechos entre 2024 y 2026 en su consultorio ubicado en el barrio San Rafael.
Las víctimas, una mujer de 19 años y otra de 30, acudieron a consulta ginecológica y habrían sido sometidas a actos que atentan contra su integridad, libertad y formación sexual. En uno de los casos, según la Fiscalía, se habría concretado el acceso carnal. El ente acusador sostiene que el médico se valió del estado de indefensión de las mujeres y de la relación de confianza propia del vínculo médico-paciente para perpetrar las agresiones.
Una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca le formuló imputación de cargos por el Delito de Acceso Carnal o Acto Sexual con Incapaz de Resistir Agravado. Este tipo penal, contemplado en el Código Penal colombiano, aplica cuando el victimario se aprovecha de circunstancias que colocan a la víctima en una situación de particular vulnerabilidad o incapacidad para resistir, como puede ser el contexto de una consulta médica.
El acusado no aceptó los cargos que le fueron formulados en audiencia.
Tras la audiencia de imputación, un juez de control de garantías decretó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para el procesado. Esto significa que el ginecólogo deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía argumentara la necesidad de su detención preventiva.
El procesado, habría cometido los hechos entre 2024 y 2026 en su consultorio ubicado en el barrio San Rafael.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
