La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República encendió las alarmas este miércoles 27 de agosto, tras presentar los resultados de un análisis preliminar sobre el contrato de concesión bajo el esquema de Alianza Público-Privada (APP) de iniciativa privada sin recursos públicos, que corresponde a la Unidad Funcional 3 del corredor Accesos Norte a Bogotá.
De acuerdo con el informe, existen indicios de posibles irregularidades administrativas y contractuales relacionadas con la Variante de Chía–Carretera de Los Andes, un megaproyecto de movilidad que, según el estudio, podría representar un grave detrimento patrimonial para el municipio de Chía.
Hallazgos que encienden las alarmas
El análisis de la Secretaría de Transparencia, presentado por el mismo secretario, Andrés Idárraga Franco, reveló dos situaciones críticas que generan preocupación en la opinión pública y en las autoridades de control:
- Aprobación presuntamente irregular del Acuerdo 100 de 2016 (RE-POT de Chía), que habría facilitado un posible fenómeno de volteo de tierras, es decir, el favorecimiento de intereses privados a través de la modificación del ordenamiento territorial.
- Posible nulidad absoluta del Convenio Interadministrativo 019 de 2017, suscrito entre el municipio de Chía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El informe advierte que, mediante este acuerdo, se habría entregado de manera gratuita terrenos públicos destinados a vías locales, para ser aprovechados en la construcción y explotación económica de una vía nacional en el marco de una APP sin aportes de recursos públicos.
Estos hallazgos, de confirmarse, podrían configurar graves consecuencias legales y financieras, además de profundizar la controversia alrededor de los proyectos de infraestructura que impactan directamente a la ciudadanía.
La posición oficial
En rueda de prensa, el Secretario de Transparencia fue enfático al señalar que el análisis no busca frenar el desarrollo de la región, sino garantizar que los proyectos se ajusten a la ley y a los intereses de la ciudadanía.
“Este análisis busca revelar, con rigor y objetividad, las posibles irregularidades que rodean el proyecto Accesos Norte. El país puede tener la certeza de que avanzaremos en la búsqueda de soluciones que cumplan con la ley, en los aspectos ambientales, económicos y sociales, en beneficio de la ciudadanía, especialmente de los habitantes de Chía y sus alrededores, mientras la justicia establece si existen responsabilidades disciplinarias y penales”.
Impacto regional y nacional
Las revelaciones de la Secretaría de Transparencia abren la puerta a un posible control judicial y disciplinario sobre funcionarios y entidades que participaron en estos convenios, además de poner en el centro de la discusión la urgencia de blindar los proyectos estratégicos frente a eventuales irregularidades.
La Secretaría de Transparencia encendió las alarmas sobre el contrato APP de la Variante de Chía.
