Mediante el Decreto Municipal 200 del 29 de julio de 2025, la administración de Chía (Cundinamarca) oficializó una nueva estructura tarifaria para el servicio público de transporte colectivo. Esta decisión responde a criterios técnicos relacionados con la cobertura geográfica de las rutas, los costos operativos y el compromiso con la movilidad sostenible en el municipio.
Valor del transporte público en Chía:
- A partir de la entrada en vigencia del decreto, los usuarios que se desplacen en rutas rurales, como Sindamanoy y Yerbabuena, deberán pagar una tarifa de $2.800.
- En contraste, quienes utilicen rutas que operan dentro del perímetro urbano continuarán con una tarifa general de $2.200.
La Secretaría de Movilidad reiteró que esta medida busca equilibrar las condiciones del servicio entre distintas zonas del municipio, al tiempo que se fortalece la cobertura y calidad del sistema de transporte público colectivo.
¿Por qué aumentó la tarifa del transporte colectivo en Chía?
El incremento obedece a la necesidad de ajustar las tarifas al contexto actual de operación del sistema, particularmente en las zonas rurales, donde los recorridos son más extensos y los costos de operación más elevados. La diferencia tarifaria entre lo urbano y lo rural permite una mejor distribución de los recursos y asegura la sostenibilidad del servicio en sectores de baja densidad poblacional, como Sindamanoy y Yerbabuena.
Además, este ajuste forma parte del plan de la administración local para modernizar la movilidad en Chía, promoviendo un sistema más eficiente, con mejores frecuencias y cobertura, y con criterios de equidad territorial.
¿Desde cuándo aplican las nuevas tarifas del transporte colectivo en Chía?
Las nuevas tarifas entraron en vigencia inmediatamente después de la expedición del Decreto 200, firmado el 29 de julio de 2025.
Desde esa fecha, todos los operadores del servicio deben aplicar los valores establecidos: $2.800 para rutas rurales y $2.200 para rutas urbanas. La Secretaría de Movilidad será la encargada de garantizar la correcta implementación de la medida y de supervisar su cumplimiento.
Esta decisión responde a criterios técnicos relacionados con la cobertura geográfica de las rutas, los costos
operativos y el compromiso
con la movilidad sostenible en el municipio.
