Arbitramento de Bogotá falló a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), desestimando las pretensiones de la Sociedad Concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina) en un proceso arbitral que había iniciado el 27 de julio de 2023.
La controversia: cláusula de riesgos no asegurables
El conflicto legal surgió por la interpretación de una cláusula contractual que asigna al concesionario la responsabilidad sobre ciertos riesgos no cubiertos por seguros. Coviandina buscaba la nulidad de dicha cláusula, alegando que las consecuencias derivadas de hechos ajenos no deberían recaer sobre ella. Sin embargo, el tribunal arbitral concluyó que la posición jurídica de la ANI era sólida y ajustada a lo pactado contractualmente.
Constituido ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal determinó que cualquier controversia sobre estos aspectos debía tramitarse a través del panel de amigables componedores, un mecanismo alternativo previamente acordado por las partes.
Fallo refuerza la legalidad contractual
“El Tribunal de Arbitramento declaró probada la excepción de falta de competencia y se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la mayoría de las pretensiones de la demanda y la reconvención que impulsaba Coviandina”, explicó Ariel Lozano Gaitán, vicepresidente jurídico de la ANI. “Se ratificó que los reclamos por daños no asegurables deben canalizarse por el procedimiento especial de Evento Eximente de Responsabilidad, contemplado en el contrato”.
Seguridad jurídica y confianza en la contratación pública
Este laudo representa un triunfo institucional para el Ministerio de Transporte y la ANI, al confirmar la validez de los contratos de concesión, su arquitectura jurídica y los mecanismos pactados para resolver diferencias. Además, refuerza la autonomía contractual y promueve una cultura de respeto a los acuerdos en el marco del Gobierno Nacional.
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La decisión también envía un mensaje de seguridad jurídica a inversionistas y actores del sector infraestructura, consolidando la confianza en los procesos de contratación pública y en la estabilidad de las reglas del juego.
Coviandina buscaba anular una cláusula que le trasladaba responsabilidades por hechos no imputables.
