En un llamado de alto nivel a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación, bajo el liderazgo del procurador Gregorio Eljach, emitió la Circular No. 011, en la que recalca el deber legal de garantizar la prestación continua, con calidad y cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Agua potable y continuidad del servicio, una obligación legal
La advertencia no es menor. La Procuraduría, a través de su Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, subrayó que los operadores deben cumplir estrictamente lo establecido en la Ley 142 de 1994, que obliga a suministrar agua potable con un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) entre 0 y 5%, y mantener niveles de continuidad del servicio de acueducto entre 18 y 24 horas diarias, como estándar mínimo aceptable.
Además, el Ministerio Público recordó que la prestación del servicio de aseo debe realizarse con medidas efectivas para minimizar impactos negativos, especialmente la dispersión de residuos en las vías públicas, cumpliendo los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta exigencia busca prevenir amenazas a la salud pública y al entorno urbano.
Acción preventiva para proteger a la ciudadanía
La acción preventiva, según el órgano de control, tiene como objetivo evitar la comisión de irregularidades que puedan acarrear consecuencias legales y administrativas, comprometer la gobernanza territorial y afectar directamente el bienestar ciudadano. Asimismo, promueve el cumplimiento normativo y el uso adecuado de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP).
Fortalecer vigilancia y acceso equitativo
Si bien se reconocen algunos avances institucionales, la Procuraduría fue enfática al afirmar que aún es necesario fortalecer las acciones de vigilancia, supervisión y operación, con el fin de garantizar a todos los ciudadanos un acceso efectivo, equitativo y sostenible a los servicios públicos esenciales.
Un llamado a adoptar medidas correctivas que eviten
conflictos legales y administrativos que puedan
afectar a los usuarios.
