Una auditoría de la Contraloría de Cundinamarca destapó un grave caso de corrupción que golpeó las finanzas del Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio de El Colegio. Según el ente de control, se detectaron giros irregulares por $1.330 millones de pesos desde una cuenta institucional hacia una cuenta privada entre los años 2018 y 2020, dinero que terminó fuera de las arcas públicas.
El hallazgo dio origen a un proceso de imputación de responsabilidad fiscal con el propósito de recuperar los recursos y establecer las responsabilidades de los funcionarios y contratistas involucrados.
La ruta del dinero: tres años de movimientos irregulares
Las investigaciones revelaron que las transferencias fueron ejecutadas directamente por la contratista de apoyo en Tesorería, quien tenía acceso a las cuentas bancarias de la entidad. La implicada admitió haber realizado las operaciones, aunque aseguró haber sido “víctima de engaños y promesas” por parte de un tercero.
Sin embargo, los resultados de la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía desmintieron esa versión y determinaron que los hechos fueron planificados y realizados con intención dolosa, aprovechando la falta de controles internos y la ausencia de una supervisión efectiva en el manejo financiero del hospital.
Montos detectados por año:
- 2018: $444.862.695.
- 2019: $843.844.013.
- 2020: $42.000.000.
Total: $1.330.706.708.
Las responsabilidades que se investigan
La Contraloría de Cundinamarca adelanta el proceso fiscal no solo contra la excontratista, sino también contra la gerente y la subgerente administrativa que ejercían durante el periodo auditado. Según el ente de control, se busca determinar posibles omisiones en los mecanismos de control interno y falla en la supervisión de las operaciones financieras, que habrían permitido el desvío de los fondos.
El propósito final es lograr que el dinero —que indexado supera los $1.900 millones— sea reintegrado al patrimonio público del municipio y vuelva a beneficiar los servicios de salud de la comunidad.
Condenas penales ya ejecutadas
En paralelo al proceso fiscal, la justicia ordinaria ya emitió condenas en el ámbito penal.
- La excontratista fue sentenciada en 2023 a 116 meses de prisión y obligada a pagar una multa equivalente al monto apropiado: $1.330 millones.
- Un tercero involucrado, ajeno al hospital, recibió 87 meses de prisión y una multa de $998 millones por el delito de peculado por apropiación.
Estas decisiones judiciales representan un avance en la sanción penal de los responsables, aunque la recuperación del dinero sigue siendo prioridad para la Contraloría.
Transparencia y control sobre los recursos públicos
La Contraloría de Cundinamarca enfatiza que este caso evidencia la importancia de reforzar los controles financieros, la supervisión de la gestión administrativa y la responsabilidad institucional frente a los dineros públicos.
El fallo definitivo de responsabilidad fiscal, que se espera en los próximos meses, definirá la restitución de los recursos desviados y marcará un precedente en la vigilancia sobre las empresas sociales del Estado del departamento.
La excontratista fue condenada a 116 meses de prisión
y al pago de una multa igual al monto desviado.
