Al cumplirse un mes del gran derrumbe en el kilómetro 18+600 de la vía al Llano, en jurisdicción del municipio de Chipaque, las afectaciones económicas y sociales siguen siendo considerables.
Aún faltan varias semanas para su total habilitación, y los habitantes del Oriente de Cundinamarca enfrentan largos tiempos de desplazamiento, cierres temporales por protestas y los efectos del clima.
“Las pérdidas económicas son importantes y los habitantes del Oriente de Cundinamarca se han visto en medio de altos tiempos de desplazamiento, cierres temporales por protestas y la ocurrencia de eventos climáticos”, señaló en la mañana de hoy el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.
Golpe al agro y al comercio regional
El mayor impacto económico recae sobre el transporte y la comercialización de productos agrícolas. Los fletes se han incrementado entre 30% y 50%, según el tipo de cultivo, mientras que los precios de insumos agropecuarios y alimentos para animales aumentaron entre 20% y 30%.
Entre los productos más afectados por el alza en costos se encuentran la papa criolla, mazorca, hortalizas, tomate, limón y cilantro.
El comercio también atraviesa una situación crítica: cerca de 800 establecimientos han reportado fuertes disminuciones en sus ventas, lo que ha provocado cierres temporales o definitivos, especialmente en los negocios que dependen directamente del flujo vehicular sobre la vía.
Menos transporte, más escasez
Se calcula que 95.000 viajes de carga dejaron de realizarse desde el inicio de la emergencia. La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) advirtió que, en las próximas semanas, podría presentarse una reducción del 40% en los envíos de pollo, lo que generaría un aumento significativo en los precios de la carne blanca en las principales ciudades.
Solo entre Guayabetal y Cáqueza se producen alrededor de 26 toneladas de pollo diarias, y junto con Fosca, Quetame, Chipaque y Gutiérrez, cerca de 850.000 huevos al día, lo que evidencia el impacto directo sobre el abastecimiento alimentario de la región.
Salud y educación, también afectadas
Las consecuencias sociales no son menores. En el Hospital San Rafael de Cáqueza, el 25% de las consultas médicas (unas 780 citas) no se han podido cumplir por las dificultades de transporte de pacientes y profesionales. Además, el 35% de las cirugías programadas de mediana y alta complejidad han debido aplazarse.
Los costos hospitalarios se incrementaron en un 30%, debido al mayor consumo de combustible y mantenimiento de vehículos utilizados en rutas alternas. Por esta razón, se suspendieron temporalmente las especialidades de cardiología, gastroenterología y neurocirugía.
El sector educativo también enfrenta retrasos: en las zonas más afectadas se han perdido hasta 15 días de clases por la imposibilidad de desplazamiento de los estudiantes.
Más de 95.000 viajes de carga se han dejado de realizar desde el inicio de la emergencia.
