La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) salió al paso de las afirmaciones hechas por la Secretaría de Transparencia, de la Presidencia de la República, en una rueda de prensa realizada el pasado 27 de agosto, donde se cuestionó la legalidad y la estructuración técnica del proyecto Concesión de Iniciativa Privada Accesos Norte 1 (Accenorte).
Con un comunicado concluyente, la entidad recalcó que las declaraciones no corresponden ni a la realidad de los hechos ni al marco normativo vigente. La ANI subrayó que su actuar se enmarca en la legalidad y que el compromiso con la transparencia en la ejecución de proyectos de infraestructura es absoluto.
Cesión de predios en Chía: un mecanismo legal y sin recursos públicos
La Secretaría de Transparencia aseguró que en la ejecución de la Unidad Funcional 3 (UF3) del proyecto se habrían recibido bienes inmuebles del municipio de Chía, lo que, según esa dependencia, constituiría el uso de recursos públicos en una iniciativa privada.
Sin embargo, la ANI manifestó que esta interpretación es errónea. Explicó que la cesión de predios por parte de entidades territoriales no constituye desembolso de recursos públicos, ya que los inmuebles no provienen del Tesoro ni del presupuesto municipal. Por tanto, no se desnaturaliza la esencia de la Iniciativa Privada.
La entidad recordó que este mecanismo ha sido utilizado en otros proyectos de infraestructura a nivel nacional y ha permitido la optimización de recursos del Estado, siempre bajo autorización del ente territorial propietario del bien y sin que ello implique un gasto adicional para las arcas públicas.
Los estudios técnicos sí se realizaron
Otro de los cuestionamientos fue que el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) carecía de estudios técnicos. La ANI desmintió la afirmación, señalando que en la etapa precontractual se adelantaron los procesos de prefactibilidad y factibilidad, con un estudio integral sobre el alcance de las obras y el modelo financiero.
De este análisis surgieron dos alternativas para la UF3:
- Conectante Hatogrande, con construcción de doble calzada.
- Variante Chía, con intervenciones de operación y mantenimiento.
Tras un riguroso análisis comparativo, validado por la Interventoría, se determinó que la Variante Chía ofrecía mejores condiciones de movilidad, mayor funcionalidad vial y eficiencia en el uso del Capex disponible.
Un convenio clave con el municipio de Chía
En 2017, la ANI y la Alcaldía de Chía suscribieron el Convenio Interadministrativo N.º 019, mediante el cual el municipio se comprometió a entregar gratuitamente el 90% de los predios requeridos para la ejecución de la obra.
Gracias a esta gestión, los recursos inicialmente previstos para adquisición predial fueron redistribuidos, lo que permitió ampliar el alcance del proyecto. La obra pasó a contemplar 3.4 kilómetros de doble calzada, dos puentes vehiculares sobre el río Bogotá y la intersección El Humero, incrementando así su impacto regional.
Cronología de decisiones: no hubo selección anticipada
La ANI también desmintió la versión de que desde 2016 ya se había decidido la Variante Chía como alternativa para la UF3. Explicó que el contrato de concesión de Accesos Norte 1 se firmó el 10 de enero de 2017, manteniendo dos opciones vigentes.
Solo hasta el 13 de mayo de 2019, mediante la firma del Otrosí N.º 1, se definió contractualmente que la Variante Chía era la opción más adecuada desde los puntos de vista técnico y financiero.
No hay usufructo privado sobre los bienes
Finalmente, frente al señalamiento de que los predios entregados estarían siendo “usufructuados” por el concesionario, la ANI aclara dos aspectos esenciales:
- Los bienes solo serán utilizados para la construcción de la infraestructura de transporte, sin que exista explotación económica por parte del concesionario.
- La Variante Chía aún no ha sido construida ni entregada, por lo cual el concesionario no ha recibido retribución alguna por la UF3.
Con estas puntualidades, a través de un comunicado, la ANI defiende sus actuaciones en el proyecto Accesos Norte 1, insistiendo en que las obras de infraestructura se desarrollan bajo criterios técnicos, jurídicos y financieros sólidos, con el objetivo de mejorar la movilidad y beneficiar a los ciudadanos.
La cesión de predios no constituye recursos públicos y ha sido un mecanismo aplicado en otros proyectos del país.
