A las 6:30 de la mañana del viernes 30 de abril de 2010, un sargento del Ejército junto con otras 11 personas armadas ingresó a la vereda Veraguas, en la zona rural de Pacho (Cundinamarca). Su objetivo era buscar una guaca que, según creían, estaba oculta en una finca.
Al llegar al terreno, informaron a los residentes que estaban ejecutando una orden de allanamiento emitida por un fiscal. Utilizando esta artimaña, mantuvieron cautivas a las personas que habitaban la finca y a algunos vecinos que se percataron de la situación, incluyendo a varios menores de edad, durante varias horas.
A los niños se les prohibió asistir a la escuela, mientras que a los adultos se les impidió abandonar la zona y se les confiscaron sus teléfonos celulares. Mientras tanto, los miembros del grupo causaron destrozos en las paredes, suelos y techos en busca de la «guaca».
El desenlace ocurrió cuando un joven vecino alertó a la Policía desde una casa cercana, momentos antes de que los captores lo retuvieran. La intervención policial puso fin al secuestro.
Inicialmente, un juez absolvió al sargento, pero en una segunda instancia, el Tribunal lo condenó a 21 años y 4 meses de prisión por secuestro simple agravado.
La ‘Sala de Casación Penal’ de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al comprobar la participación del sargento en el secuestro. Tomó en consideración que, al llegar la Policía, el militar fue capturado cerca de la zona, en una quebrada, mientras intentaba escapar. Posteriormente, fue llevado a la finca donde las víctimas lo identificaron como uno de los secuestradores.
Este reconocimiento también se llevó a cabo en una notaría, donde el sargento les pagó una indemnización. A pesar de afirmar que fue engañado, la Sala determinó, con base en las pruebas y testimonios presentados, que el procesado participó conscientemente en un operativo ilegal para buscar la supuesta «guaca».
El militar era consciente de la ilegalidad de sus acciones, razón por la cual intentó escapar de la Policía. La retención de niños y adultos, la incautación de celulares y la destrucción de la finca no tenían justificación alguna.
El precio de la codicia hizo que un Sargento y una banda armada desataran el caos en busca de una ‘guaca.
Foto portada: Imagen de referencia.
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