Aprueban US$76,7 millones para proteger el agua de Bogotá y Cundinamarca: Zipaquirá y Cogua, entre los beneficiados

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Los páramos y ecosistemas altoandinos de Cundinamarca hacen parte de las áreas naturales cuya conservación se busca fortalecer mediante una inversión de US$76,7 millones destinada a proteger las fuentes hídricas de Bogotá y la región. Foto: Sec. Distrital de Ambiente.
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La protección de los páramos, bosques altoandinos y fuentes hídricas que abastecen a Bogotá y diferentes municipios de Cundinamarca contará con una inversión internacional de aproximadamente 76,7 millones de dólares. Los recursos hacen parte de un proyecto aprobado por el Fondo Verde para el Clima (GCF), que busca recuperar ecosistemas estratégicos, fortalecer los acueductos comunitarios y reducir la vulnerabilidad de la región frente a las sequías y los efectos del cambio climático.

La iniciativa, denominada Construyendo resiliencia hídrica en Bogotá y la Región, contempla intervenciones ambientales durante el periodo 2027-2032, con beneficios proyectados para cerca de 10 millones de personas. Entre los territorios mencionados en las acciones de protección hídrica se encuentran Zipaquirá, Cogua, Tausa, Sesquilé, Guatavita, Guasca y Villapinzón, municipios donde la conservación de las fuentes naturales de agua tiene especial importancia para las comunidades rurales y los sistemas de abastecimiento.

El anuncio adquiere relevancia después de las dificultades que enfrentó Bogotá y varios municipios de Cundinamarca durante 2024 y 2025, cuando los bajos niveles de los embalses obligaron a implementar medidas de racionamiento. Aunque la inversión no elimina la posibilidad de nuevas restricciones, pretende mejorar las condiciones ambientales de las cuencas que contribuyen al suministro de agua.

¿De dónde saldrán los 76 millones de dólares para proteger el agua?

De acuerdo con la información del Fondo Verde para el Clima, el proyecto contará con una financiación directa de aproximadamente 45,72 millones de dólares, mientras que los 31 millones restantes provendrán de contrapartidas de entidades públicas, organizaciones ambientales y aliados privados.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corpoguavio, la Gobernación de Cundinamarca y Conservación Internacional.

El Acueducto de Bogotá aportará cerca de 5,8 millones de dólares, provenientes del componente ambiental de la tarifa del servicio.

La aprobación internacional se produjo en octubre de 2026 y sus alcances fueron divulgados durante noviembre, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

Zipaquirá, Cogua y otros municipios de Cundinamarca, entre los territorios vinculados

Uno de los componentes del proyecto está dirigido a proteger las microcuencas y fuentes de abastecimiento utilizadas por comunidades rurales, especialmente aquellas que dependen de acueductos veredales.

La Secretaría Distrital de Ambiente identificó a Zipaquirá, Cogua, Tausa, Sesquilé, Guatavita, Guasca y Villapinzón entre los municipios relacionados con las acciones previstas para fortalecer la protección de bocatomas y sistemas comunitarios de suministro.

El proyecto también contempla intervenciones en 12 microcuencas, distribuidas en cuatro zonas prioritarias: Tunjuelo, Guandoque, Villapinzón y Tominé.

Aunque los anuncios recientes hacen referencia a Bogotá y 22 municipios de la Sabana, la documentación técnica del programa contempla un alcance regional más amplio, con beneficios previstos para 33 municipios de Cundinamarca.

La participación de estos territorios resulta especialmente relevante por su relación con los ecosistemas de alta montaña, donde nacen numerosas corrientes que alimentan quebradas, ríos y sistemas de abastecimiento.

Más de 2.000 hectáreas serán destinadas a restauración ecológica

La inversión permitirá desarrollar diferentes estrategias para recuperar áreas degradadas y conservar ecosistemas que cumplen funciones de regulación hídrica.

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Entre las metas establecidas se encuentra la restauración de más de 2.000 hectáreas de páramos y bosques altoandinos, así como la incorporación de aproximadamente 4.800 hectáreas a acuerdos de conservación ambiental.

Estas acciones buscan proteger la vegetación nativa, mejorar las condiciones de los suelos y favorecer los procesos naturales que permiten almacenar y regular el agua proveniente de las precipitaciones.

La conservación de estos espacios también puede contribuir a disminuir la erosión y la acumulación de sedimentos en las fuentes hídricas, factores que afectan la calidad del agua y las condiciones de los ecosistemas.

El programa contempla la participación de propietarios rurales y familias campesinas mediante acuerdos voluntarios e incentivos asociados a la protección ambiental.

Acueductos veredales y familias campesinas también recibirán apoyo

Además de las intervenciones ecológicas, el proyecto contempla fortalecer 40 acueductos comunitarios y veredales, mediante acciones orientadas a mejorar la medición del agua, reducir pérdidas, verificar su calidad y capacitar a quienes administran estos sistemas.

Este componente está dirigido a comunidades que dependen de fuentes locales y que, en algunos casos, enfrentan dificultades relacionadas con la disponibilidad del recurso, la infraestructura y la capacidad técnica para garantizar su suministro.

También se prevé acompañar a más de 1.200 familias de pequeños productores rurales en la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles sobre una superficie superior a 2.400 hectáreas.

Las medidas buscan promover actividades productivas compatibles con la conservación del suelo, la vegetación y las fuentes de agua, sin desconocer la importancia económica de la agricultura y la ganadería para las comunidades campesinas.

Adicionalmente, se proyecta vincular al menos 650 familias y propietarios rurales a acuerdos de conservación, junto con el acompañamiento a 30 asociaciones productivas.

¿Puede esta inversión ayudar a prevenir nuevos racionamientos de agua?

La protección de los ecosistemas de alta montaña constituye una de las medidas contempladas para fortalecer la seguridad hídrica de Bogotá y Cundinamarca.

Los páramos y bosques altoandinos participan en la regulación del ciclo del agua, al favorecer su almacenamiento, infiltración y liberación gradual hacia las corrientes naturales.

Cuando estos ecosistemas sufren procesos de degradación, disminuye su capacidad para cumplir determinadas funciones ambientales, lo que puede aumentar la vulnerabilidad de las cuencas durante periodos prolongados de sequía.

Por esta razón, el proyecto pretende complementar las inversiones en infraestructura y las estrategias de uso eficiente del agua mediante la conservación de los territorios donde se origina una parte importante del recurso.

No obstante, las autoridades ambientales reconocen que la disponibilidad de agua también depende de las condiciones climáticas, los niveles de los embalses, el consumo y la operación de los sistemas de abastecimiento.

¿Cuándo comenzarán las intervenciones ambientales?

La ejecución está proyectada para el periodo comprendido entre 2027 y 2032, durante el cual deberán desarrollarse las acciones de restauración, conservación, fortalecimiento comunitario y acompañamiento a productores rurales.

La aprobación de los recursos representa el respaldo financiero al programa, pero no significa que la totalidad del presupuesto haya sido desembolsada ni que las intervenciones previstas ya se encuentren ejecutadas.

Para los municipios de la Sabana de Bogotá, el desarrollo de esta iniciativa abrirá una etapa de trabajo ambiental en la que la participación de las comunidades, los propietarios de predios rurales y las entidades territoriales será determinante para alcanzar las metas propuestas.

La recuperación de las fuentes hídricas, la conservación de los páramos y el fortalecimiento de los acueductos comunitarios forman parte de una estrategia regional que busca proteger el abastecimiento de agua de millones de habitantes frente a las presiones ambientales y climáticas de los próximos años.

El proyecto contempla restauración ambiental, conservación de ecosistemas y apoyo a más de 1.200 familias campesinas en prácticas sostenibles.

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