La aplicación de fotomultas en Colombia, las responsabilidades de los propietarios de vehículos y las garantías que deben respetar las autoridades de tránsito fueron algunos de los asuntos examinados durante la Ruta de Diálogos Constitucionales, realizada en el auditorio principal de la Universidad Sergio Arboleda, sede Caribe, en Barranquilla.
El encuentro, encabezado por la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, también abordó la autonomía de los municipios y departamentos, la distribución de los recursos públicos y las dificultades que enfrentan las Administraciones Territoriales para cumplir sus responsabilidades.
Uno de los asuntos que concentró la discusión fue el funcionamiento de los sistemas de detección electrónica de infracciones, especialmente por las dificultades relacionadas con la notificación de comparendos, la identificación de los responsables y el respeto al debido proceso.
Cerca de 9.600 comparendos electrónicos diarios en Colombia
Durante el panel dedicado a las fotomultas se expuso que, en 2025, se impusieron aproximadamente 3,5 millones de comparendos mediante sistemas de detección electrónica, equivalentes a unos 9.600 diarios.
También se informó que, entre 2016 y 2026, se presentaron más de 70.000 acciones de tutela contra estas actuaciones sancionatorias, principalmente por presuntas vulneraciones del debido proceso.
Estas cifras sirvieron como punto de partida para examinar las dificultades del sistema y la necesidad de garantizar que las herramientas tecnológicas utilizadas para controlar el tránsito respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los participantes señalaron que las cámaras pueden contribuir a la seguridad vial y aportar pruebas sobre posibles infracciones. Sin embargo, precisaron que la detección electrónica no reemplaza la actuación de la autoridad de tránsito, que debe adelantar el procedimiento correspondiente antes de imponer una sanción.
¿Quién responde por una fotomulta: el conductor o el propietario del vehículo?
Otro de los asuntos examinados fue la responsabilidad que puede atribuirse al propietario de un vehículo cuando una cámara registra una infracción.
En la discusión se retomaron dos decisiones de la Corte Constitucional:
- Sentencia C-038 de 2020: declaró inconstitucional la responsabilidad solidaria automática del propietario del vehículo frente a determinadas infracciones detectadas electrónicamente.
- Sentencia C-321 de 2022: examinó los deberes del propietario respecto al cumplimiento de determinadas normas de tránsito y la posibilidad de demostrar su diligencia.
Las diferentes interpretaciones de estas decisiones dieron lugar a un debate sobre los límites de la responsabilidad del propietario y las garantías que deben respetarse durante los procedimientos sancionatorios.
En todo caso, la titularidad del vehículo no constituye, por sí sola, prueba suficiente de que su propietario conducía cuando se produjo la infracción. La autoridad competente debe establecer la responsabilidad conforme a las normas aplicables y al debido proceso.
Notificaciones deficientes y problemas con las cámaras de fotodetección
Durante el encuentro también se identificaron dificultades que pueden afectar la legitimidad de las sanciones de tránsito.
Entre ellas se mencionaron las notificaciones deficientes, los problemas para determinar la responsabilidad individual, las deficiencias en el control de calibración de los equipos y los incentivos económicos asociados al modelo de recaudo.
Los participantes advirtieron, además, sobre los riesgos para la privacidad y la protección de datos personales, debido a que las cámaras pueden registrar información tanto de presuntos infractores como de ciudadanos que no han cometido ninguna infracción.
El debate destacó la necesidad de mantener controles sobre los operadores de estos sistemas y asegurar que su utilización responda a objetivos de prevención y seguridad vial, y no exclusivamente a criterios de recaudo.
La Corte Constitucional también examinó la autonomía de municipios y departamentos
La jornada comenzó con una reflexión sobre el alcance de la descentralización y las facultades que la Constitución de 1991 reconoce a las entidades territoriales.
La magistrada Meneses Mosquera, recordó que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, conforme a los artículos 1 y 287 de la Constitución.
Esto significa que municipios y departamentos tienen derecho a elegir sus autoridades, ejercer las competencias que les correspondan, administrar sus recursos y participar en las rentas nacionales, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
La magistrada también llamó la atención sobre las consecuencias que tiene para la ciudadanía la ausencia de servicios y respuestas oportunas del Estado.
“Cuando el Estado no llega, o llega tarde, las personas no solo pierden un servicio: empiezan a sentir que su lugar no cuenta”, manifestó.
Su intervención planteó que la descentralización no debe entenderse únicamente como una distribución administrativa de funciones, sino como una condición para que los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan ejercer sus derechos y confiar en las instituciones.
Más responsabilidades para los municipios, pero no siempre suficientes recursos
En el panel sobre descentralización administrativa y fiscal se examinaron las dificultades que enfrentan las entidades territoriales para financiar los servicios públicos y ejecutar sus responsabilidades.
Los participantes explicaron que los municipios y departamentos dependen de dos fuentes principales de financiación: las transferencias de la Nación y sus ingresos tributarios propios.
Sin embargo, advirtieron que el aumento de los recursos no garantiza necesariamente una mejor gestión pública, especialmente cuando las responsabilidades asignadas superan las capacidades técnicas, administrativas o financieras de las entidades territoriales.
Entre las propuestas examinadas estuvieron el fortalecimiento de los departamentos, la cooperación entre municipios, la implementación del catastro multipropósito y una distribución de competencias que tenga en cuenta las capacidades de cada territorio.
También se abordó la regionalización como una alternativa para mejorar la coordinación territorial, fortalecer la autonomía y facilitar la prestación de servicios públicos.
Fotomultas y descentralización: prevenir accidentes sin vulnerar derechos
La discusión sobre las fotomultas permitió relacionar los desafíos de la descentralización con situaciones concretas que afectan a los conductores.
Los participantes coincidieron en que las autoridades territoriales necesitan herramientas para garantizar la seguridad vial, pero su utilización debe estar acompañada de controles efectivos, transparencia y respeto por los derechos ciudadanos.
En ese sentido, se planteó fortalecer la pedagogía vial, mejorar la infraestructura y capacitar a las autoridades encargadas de adelantar los procedimientos sancionatorios.
También se señaló que el Gobierno nacional tiene responsabilidades de vigilancia y coordinación frente a los sistemas de detección electrónica.
La discusión concluyó con un llamado a encontrar un equilibrio entre la autonomía de los gobiernos locales y la protección de los derechos fundamentales.
El encuentro no constituyó una nueva sentencia que elimine las fotomultas ni modificó automáticamente las obligaciones de los conductores. Se trató de un espacio de análisis académico y constitucional sobre las condiciones bajo las cuales deben operar estos sistemas.
La jornada dejó planteada una preocupación de interés nacional: que los mecanismos de control del tránsito cumplan su finalidad preventiva, mientras las autoridades garantizan procedimientos transparentes, decisiones debidamente fundamentadas y posibilidades reales de defensa para los ciudadanos.

Las cámaras registran posibles infracciones, pero las sanciones requieren un procedimiento que garantice el derecho de defensa.











