El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) lanzó una advertencia que sacude los cimientos de la salud pública en el país. En una decisión de fondo, la Sección Primera, Subsección B, con ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, declaró que existe una amenaza real a los derechos colectivos a la salubridad pública y de los consumidores debido al crecimiento acelerado de los índices de obesidad en Colombia, en especial entre niños, niñas y adolescentes.
La providencia responde a una acción popular presentada por el ciudadano Jorge Iván Piedrahita Montoya contra el Ministerio de Salud y Protección Social y otras entidades, en la que se denunció la falta de medidas efectivas para contener la epidemia de sobrepeso infantil.
El Tribunal determinó que el Estado y los gremios empresariales no pueden seguir indiferentes ante una problemática que deteriora la salud de millones de colombianos y que tiene profundas implicaciones económicas y sociales.
Orden judicial contra la indiferencia institucional
El fallo ordena al Ministerio de Salud y Protección Social reforzar su papel como rector de la política alimentaria del país y cumplir, sin dilaciones, la implementación de la Ley 2120 de 2021, conocida como la “Ley Comida Chatarra”, que establece el etiquetado frontal de advertencia en los productos ultraprocesados.
Entre las medidas más relevantes, el Tribunal dispuso que el Ministerio deberá:
- Fortalecer el monitoreo del cumplimiento del etiquetado frontal y de las resoluciones reglamentarias que lo desarrollan.
- Diseñar un paquete escolar integral con guías pedagógicas y menús saludables, en coordinación con el Ministerio de Educación y el ICBF, para promover una alimentación equilibrada desde las aulas.
- Actualizar las guías alimentarias nacionales dirigidas a la población infantil y adolescente, incorporando un enfoque territorial y cultural.
- Implementar campañas masivas de prevención, dirigidas a sensibilizar a padres, docentes y menores sobre los riesgos del consumo excesivo de productos ultraprocesados.
Además, el Ministerio de Educación Nacional deberá incluir en los planes de estudio contenidos obligatorios de alfabetización alimentaria, con el fin de formar consumidores críticos y conscientes de lo que compran y consumen.
La responsabilidad empresarial también pesa
El Tribunal extendió su decisión al sector privado, al advertir que la industria tiene una cuota de responsabilidad en la creciente crisis nutricional del país. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) deberá asumir compromisos verificables para la reducción de nutrientes críticos en los alimentos procesados, como azúcares, sodio y grasas saturadas, además de adoptar códigos de publicidad responsable que protejan a los menores de mensajes engañosos.
Por su parte, FENALCO tendrá que implementar protocolos de “góndolas saludables” en los puntos de venta y promover capacitaciones para tenderos y comerciantes, con el propósito de ofrecer alternativas alimentarias más nutritivas y visibilizar productos saludables en los entornos de compra.
La obesidad infantil, una emergencia silenciosa
El Tribunal enfatizó que la obesidad infantil debe ser tratada como una prioridad nacional, no solo por sus efectos en la salud, sino por el impacto que genera en la sostenibilidad del sistema de salud pública.
El fallo advierte que el consumo masivo de productos ultraprocesados está desplazando la dieta tradicional y afectando el desarrollo físico y cognitivo de los niños.
En su pronunciamiento, la Corporación Judicial exhortó a las autoridades, a la industria y a la sociedad civil a trabajar de manera conjunta para crear entornos alimentarios saludables, donde la educación, la regulación y la autorregulación sean herramientas complementarias.
El mensaje es claro: Colombia no puede seguir alimentando el problema. La obesidad advirtió el Tribunal, no es solo una cuestión de hábitos, sino de responsabilidad colectiva frente a las nuevas generaciones.
La sentencia exige al Estado educar, regular y proteger
antes de que sea demasiado tarde.
